Sábado 31 de agosto de 2019. Exteriores de Cancillería, calle Carrión y avenida 10 de Agosto. Una parte del colectivo de personas colombianas refugiadas ha partido ya, obligadas decenas de ellas a renunciar a su estatus de refugio al abandonar Ecuador. Quienes quedan ya no hallan alternativas. Desde junio de 2019 han solicitado que se escuchen sus necesidades y demandas. Mucha gente quiere reasentarse lejos, otras personas quisieran ser reubicadas en Ecuador, en ciudades o comunidades retiradas, en donde puedan trabajar. Esto no sucede. El grupo es expulsado del campamento que habían instalado fuera de ACNUR con un violento operativo policial. HIAS, agencia ejecutora de políticas de ACNUR, ubica a las familias en moteles en extremos de la ciudad que resultan inseguros, donde una niña del colectivo sufre una agresión sexual. En esos mismos moteles, los expedientes de mujeres que han sufrido tortura y violación, de hombres que han pasado violencias inenarrables, son leídos por personal de limpieza de allí, exponiéndoles gravemente. HIAS solo pagará estos lugares por unos días. La Junta de Protección de Derechos de Quito gestiona cinco albergues en la ciudad en donde se ubica a las familias. Pueden descansar un poco mientras se recuperan. Luego, intentan pedir refugio en la iglesia de Santa Teresita, de donde se les expulsa con policía, convocada por el párroco y el procurador del templo, quienes llegan a pedir que suelten gas dentro de la iglesia. Las familias pasan a un establecimiento educativo de Fe y Alegría, gracias a la coherencia de quienes integran el proyecto. Pero llegan las clases y la escuela debe habilitarse. El día 31 de agosto, de nuevo sin techo. La última opción: protestar en Cancillería.
Les quedan sus colchones, ollas, maletas, lo que han logrado llevar de lugar en lugar, dentro de un país que les cierra puertas una tras otra. Son personas sin techo, heridas por el racismo y por la imposibilidad de hacerse una vida en alguna parte. Ese sábado por la tarde, acompañamos la acción que han decidido realizar: una protesta pacífica afuera de Cancillería. Somos unas cuarenta personas, a la espera de que alguien escuche al colectivo. Llaman a una rueda de prensa a la que acuden varios medios. Sus demandas: que se escuche su verdad. Nos comunicamos con funcionarios de Cancillería. Para esto, la tensión ha ido subiendo. Vemos apostadas afuera fuerzas policiales, llegan a ser unos 40. También vemos policía metropolitana.
Hacia las cinco de la tarde, logramos que acudan a Cancillería dos de las personas que allí trabajan para sostener una reunión entre el colectivo y dos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Corredores Migratorios acompañará al colectivo. Se pide que se conforme una comisión de mujeres, pues se necesita escuchar a alguien que no sean los voceros usuales. Estamos en la calle esperando, creemos, que nos asignen un lugar. De pronto, nos damos cuenta de que el lugar que nos han asignado para la reunión es la misma calle. En un círculo que se forma súbitamente, nos rodean unos diez policías, dos o tres de ellos con grabadoras en mano. Esa es la indignidad con que tratan a estas mujeres. Los fines de semana, es imposible entrar, nos dicen ante nuestro reclamo. Nos llevan al jardín de Cancillería y nos sentamos en el suelo. Una de las mujeres de la comisión ya ha identificado a una policía vestida de civil que había ido al campamento de ACNUR y a un alto funcionario de la policía de quien ya habían recibido amenazas, nos dice. Así que nos reunimos vigiladas por la policía, en el suelo.
Algunos “argumentos” que escuchamos de los funcionarios que nos reciben nos dejan pasmadas. Las cuatro mujeres denuncian que son perseguidas desde Colombia y que se hallan en riesgo de muerte, pueden ser asesinadas. El funcionario que les responde se llama Hernán, recuerdo. Les dice: “Todos estamos en peligro, con la inseguridad que vivimos, nos puede pasar cualquier cosa.” La forma en que ignora el riesgo específico de 1) ciudadanas refugiadas; 2) perseguidas; 3) colombianas; 4) con violencias acumuladas en el cuerpo que van desde la tortura hasta la violación; la forma en que se compara con ellas, nos deja sin palabras por unos segundos. Con la misma dignidad con que las hemos visto luchar, las mujeres le explican la diferencia entre un ciudadano con derechos que vive libremente en su país y una persona desplazada considerada de segunda clase, expulsada de su país por la violencia, e imposibilitada de ejercer sus derechos en Ecuador. Él no lo ve. Lo que quiere decir que el Estado no lo ve, que no sabe reconocer ni siquiera las circunstancias básicas de la vida que convierten a una ciudadana en una mujer desplazada por la violencia. Sentado en el suelo de modo casual, un funcionario de Relaciones Exteriores es capaz de decirles en su cara a cuatro mujeres que han debido huir de la guerra que su vida corre el mismo riesgo que ellas.
Cuando denuncian el racismo que viven, la funcionaria que ha facilitado la reunión les cuenta que su esposo es afrodescendiente, que ella también “sabe lo que es eso”. Es decir, a cada testimonio con que las mujeres intentan sensibilizar a estas personas y explicarles la gravedad de su situación, la respuesta es la autorreferencialidad de los funcionarios: “sabemos, a nosotros también nos pasa”, como si todos viviéramos el mismo riesgo de personas perseguidas por una guerra que ha durado décadas. No hay conocimiento sobre el refugio, no saben explicarnos nada más que lo que dicen los manuales, no hay diálogo. Hay respuestas prefabricadas y formulaicas, de manual. Cuánta apertura demanda escuchar al otro, desmovilizar las frases prefabricadas que tenemos en la punta de la lengua para defendernos o defender al Estado, o un poder, o a un amo. Qué imposible le resulta hoy al Estado, encarnado en sus funcionarios, salir de manuales que ha elaborado para dejar de escuchar y reducir a las personas en los formularios que llenan.
Formularios que marcan hechos violentos, denuncias en Colombia y Ecuador ante fiscalías y oficinas de supuesta protección donde se denuncian persecuciones, violaciones, amenazas de muerte, panfletos… Reducir la vida y el testimonio a una casilla. En El coronel no tiene quien le escriba, el abogado y el coronel discutían durante horas sobre los procesos de la indolencia. Los laberintos del sistema de justicia, del sistema de pensiones, la incuria con que los funcionarios ven engordar los archivos que guardan la vida de las personas…
[…] esos documentos han pasado por miles y miles de manos en miles y miles de oficinas hasta llegar a quién sabe qué departamentos del ministerio de guerra.
—Unos documentos de esa índole no pueden pasar inadvertidos para ningún funcionario —dijo el coronel.
—Pero en los últimos quince años han cambiado muchas veces los funcionarios —precisó el abogado—. Piense usted que ha habido siete presidentes y que cada presidente cambió por lo menos diez veces su gabinete y que cada ministro cambió sus empleados por lo menos cien veces.
—Pero nadie pudo llevarse los documentos para su casa —dijo el coronel—. Cada nuevo funcionario debió encontrarlos en su sitio.
El abogado se desesperó.
—Además, si esos papeles salen ahora del ministerio tendrán que someterse a un nuevo turno para el escalafón.
—No importa —dijo el coronel.
—Será cuestión de siglos.
Será cuestión de siglos, pensábamos. Dar testimonio, exponer la vida propia ante el Estado, defender la palabra de quien ha vivido todas las violencias. Y la respuesta: “A todos nos puede pasar, hay mucha inseguridad.” La reunión en Cancillería se extendía de modo inútil, como si esos documentos que habían pasado por miles de manos no hubieran sido leídos nunca, por nadie. Como si no hubiera ningún conocimiento capaz de humanizar los formularios para devolverles valor y proteger la vida de quienes los habían llenado de su puño y letra con la esperanza de no morir en Ecuador.
En un momento dado, dos de las mujeres del colectivo deciden cortar la reunión: no han sido escuchadas, no se valora su verdad, se sienten violentadas al tener que explicar lo más elemental y aún así no ser entendidas. Una de las mujeres de la comisión reconoce de nuevo e increpa a los dos policías que nos vigilan: el alto funcionario y la policía vestida de civil. Denuncia frontalmente las amenazas, los insultos racistas, las patadas y maltratos que han recibido antes, en el campamento de ACNUR, por parte de esas mismas personas, dice. Está anocheciendo. La reunión con Cancillería no ha servido sino para revictimizar a estas personas, apostadas con sus hijas e hijos pequeños afuera. Hace frío. Viene la violencia.
Mientras nos acercamos a la puerta de salida, escuchamos ya la represión: mientras estábamos dentro del jardín, en el suelo, la policía ya ha cargado contra la gente. Los municipales se han encargado de tirar todas sus pertenencias dentro de una camioneta. La policía especial y decenas de elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) ya están lanzando gases y haciendo un ruido infernal. Da terror dar un paso hacia afuera del jardín de Cancillería. Hay poca luz, salimos juntas y en cuestión de un segundo nos desbanda la policía.
Apenas salgo, veo a tres o cuatro de los niños más pequeños corriendo desesperados y solos. Los agarro como puedo para ponernos a salvo. Siento la mano de hierro de un policía en mi brazo izquierdo. “¡Lárgate de aquí si no quieres terminar mal!” Me lanza al suelo. Eso hacen con la “reunión” y el “diálogo” con el Estado. Relato esto en primera persona como testigo de un operativo policial contra niñas, niños, mujeres, personas de la tercera edad en estado de indefensión que debían ser protegidas por el Estado y que ahora están recibiendo toletazos, amenazas con armas, humillaciones. Una reunión a la que Cancillería accede y que nosotros acompañamos como sociedad civil se convierte en un operativo de represión. Salgo como puedo con los cuatro niños lejos de las bombas y el gas. Pierden un zapato, lloran. Me doy cuenta de que una escuadra de ocho a diez elementos se ha apostado en cada esquina de varias cuadras a la redonda. Tenemos que correr en varias direcciones. Paro y localizo a personal de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), que de alguna forma ha llegado. Les explico que hay más de quince niños expuestos. Intentan hacer algo, pero el operativo ya está en marcha, los UMO avanzan en cada esquina del barrio. Hay madres en shock, que han perdido a sus hijos en la desbandada. Logramos ir avanzando hacia la plaza Borja Yerovi. Allí iremos dejando a los niños que vayamos encontrando, a salvo con uno de los hombres del colectivo que se hace un lugar para protegerlos de la policía. Corren por las calles de La Mariscal niños de cinco, seis años, sin saber qué sucede, con un terror en el cuerpo que no se irá por años.
Frente a Cancillería, ya han dejado inconsciente a uno de los jóvenes. Debemos esperar por la ambulancia por más de veinte minutos. El alto funcionario de la policía pasea por allí, satisfecho, parece, por el buen desarrollo del operativo policial. Al joven que ha caído inconsciente lo acompaña un miembro de Atopia, que cuida su cuerpo para que no sea pisado por la policía. Su esposa lo busca desesperada. En la turbación entre el gas, el ruido infernal y las decenas de policías que atacan, ella cree que ha muerto.
Vemos cómo derriban a toletazos a una de las mujeres. Sin control. Le pegan en la cabeza. Su esposo es perseguido por unos cinco policías, debe saltar un muro y caer duramente para ponerse a salvo. La policía está ensañada. Un grupo de hombres del colectivo sale a hacerles frente, tememos lo peor. Quieren sus cosas, defenderse, no tienen colchones donde quedarse, están rotos del miedo y de la indignación por el maltrato denigrante que están sufriendo. La rabia de todos esos meses explota: el racismo, el desprecio, la pobreza, la locura de la huida, todo se junta esa noche. Duele verlos derrotados, golpeadas a ellas, a nuestro amigo inconsciente en el suelo. Duele ver a los niños corriendo solos por la noche pidiendo ayuda. Duele ver a decenas de policías insultando y mostrando su racismo contra personas a las que este país tenía que haber protegido, no despreciado de un modo tan vergonzoso.
La persecución, las bombas, los golpes, duran unas dos horas. En la Avenida Amazonas, se desarrolla una maratón. Vemos que hay mejor iluminación en la calle así que salimos allí para juntarnos de nuevo. Logramos llegar al parque Gral. Julio Andrade hacia las ocho o nueve de la noche. Qué ironía, nos vemos cerca de los 35 monumentos de cristal en conmemoración a las víctimas de violencia de los años ochenta. El pasado se encuentra con un presente herido. Por largo tiempo guardaremos en nuestra memoria el modo desesperado en que las mujeres, los niños y algunos hombres del colectivo vinieron corriendo por la calle Gil Ramírez Dávalos huyendo de decenas de policías, con el rostro desfigurado por el miedo.
En medio de todo, aparece una compañera con pan para darnos. Aún no logramos hablar, no sabemos quién falta y el parque está oscuro. No distinguimos entre las esculturas, las personas y los policías, toda silueta es confusa. Ella reparte el pan y nos da calma. En uno de los montículos del parque, las palabras empiezan a salir poco a poco. Hay que encontrar, una vez más, un lugar para pasar la noche. Ni siquiera hay tiempo para sentir el dolor de los toletazos en el cuerpo, ver si hay golpes graves, calmar a los niños. La policía sigue vigilando el parque desde una camioneta sin placas.
Esa noche, el golpe ha sido muy duro, ha dejado una herida profunda. Unas familias van a ver si pueden pasar la noche en El Ejido, otras buscan albergue de gente solidaria, otras quedan desorientadas. Al final de la noche, logramos que hallen lugares seguros. Y así, noche a noche, mientras sus pertenencias, abrigo y documentos son llevados a una bodega del Municipio de Quito. Nos tomará más de una semana recuperar sus cosas, que han sido tiradas sin respeto, amontonadas como despojos de otra guerra.
Lo que sigue a estos días es un fracaso. El Estado ha fracasado, las ONG involucradas en refugio no han sido capaces de hallar una solución duradera, la solidaridad es difícil de sostener. Meses de pedir que se escuche las realidades, los miedos, las contradicciones mismas de esta pequeña comunidad que ha resistido hambre, racismo, vida en la calle, persecución y maltrato institucional. Fracasa la sociedad, que no es capaz de convivir con otros; fracasa el sistema de refugio, que no ha sabido proteger a la niña que sufrió una agresión sexual de un hombre que se aprestaba a violarla en los moteles asignados por HIAS; fracasa y violenta el Estado, que dejó moretones, problemas respiratorios, terror instalado en el cuerpo de las niñas, de los niños que corrían esa noche sin rumbo. Ellos no son víctimas. Son sobrevivientes luchando por vivir con dignidad. Y esa dignidad debía ser acompañada, reforzada. Lo menos que podemos esperar después de haber visto esto ante nuestros ojos, es una reparación para las personas refugiadas. No repetir estos actos, no humillar a quien busca protección, no denigrar personas cuando se tiene poder. Restituirles derechos a quienes los ven vulnerados. Y para eso, mirarnos, mirarnos como sociedad, mirar al Estado e interpelarlo. Para poder volver a mirar a las personas refugiadas sin la vergüenza de haberlas denigrado. CBS
