Mayra Flores y Cristina Burneo Salazar, en articulación entre Kaleidos, Corredores Migratorios y Alianza contra las Prisiones. Trabajo de ilustración: Emilia Salazar, La Arisca
Alejandro, hijo de Liliana, lleva preso casi cuatro años por un delito que no cometió. Suena a un lugar común, pero es lo que muestran las múltiples inconsistencias de los relatos que han construido su caso en Ecuador. Carga con nueve años de sentencia y la única prueba durante todo el juicio fue la acusación de una sola persona.
Alejandro es de Venezuela, vino al Ecuador en el 2018. Aquí, se dedicaba a la barbería, aunque estudió leyes. Vivía con su novia en el sur de Quito y tenía 21 años de edad. El 21 de noviembre del 2018, mientras iba a encontrarse con su novia para regresar a casa cruzó por un pasaje y presenció un altercado. Minutos después unas personas lo atraparon, lo tiraron al suelo y lo empezaron a golpear. Llegó la policía y detuvo el linchamiento, pero acto seguido la misma policía lo detuvo y lo llevó a flagrancia, donde se le acusó de asaltar a mano armada a una pareja en complicidad con una persona más.
Alejandro fue a prisión preventiva, donde la fiscal Yolanda Piedad Ch. le dijo que aceptara un proceso abreviado de tres años. Él se rehusó, pues se declaraba inocente. A los 30 días de instrucción fiscal, se solicitó para la defensa del caso que se realizara la prueba de cámara de Gesell, dado que todo ocurrió en la noche, en un pasaje no iluminado y porque la víctima de robo no pudo identificar a Alejandro cuando la policía le solicitó que describiera al agresor. Sin embargo, la prueba no fue posible. Le pedían a Liliana, su madre, que llevara allí a diez personas parecidas a su hijo, pero ella acababa de llegar al país y no conocía a nadie. Cabe enfatizar esto: Liliana vivía en Venezuela y tuvo que desplazarse a Ecuador para ayudar a su hijo a defenderse desde prisión, para lo cual tuvo que vender todo lo que tenía.
En la audiencia, la señora María G., quien presentó los cargos, aseguró que Alejandro había sido quien, en complicidad con alguien más, le había robado su cartera. Según su relato, dos personas salieron de los matorrales del pasaje oscuro por donde pasaba para asaltarlos a ella y a su esposo. En el relato, la mujer sostuvo que uno tenía un cuchillo y el otro, un arma. Acusó a Alejandro de haber sostenido el arma y afirmó que había sido su cómplice quien huyó con su cartera, y que portaba un cuchillo. Supuestamente, una persona en motocicleta detuvo a Alejandro de escapar, y los moradores del barrio enseguida salieron a colaborar en su detención, linchándolo.
En su versión de los hechos, la mujer que puso los cargos corrigió tres veces el monto que dijo llevar en su cartera. Primero, dijo que fueron 15 dólares, luego 200 más, y finalmente volvió a corregir la cifra diciendo que habían sido 800 dólares en total los que habían sido sustraídos. Tres correcciones, tres cifras distintas, un linchamiento contra una persona cuyo rostro no se pudo identificar, y el estereotipo que pesa sobre hombres venezolanos jóvenes. Todo esto se confabuló para poner a Alejandro en un lugar extremadamente vulnerable. Aún si se sospechaba de él, desde el linchamiento se ve despojado de cualquier debido proceso para investigarlo, sin redes, sin conocimiento de leyes. La policía, el Estado, ven con tolerancia estos linchamientos, los permiten para guardar un “orden” que se sostiene en la xenofobia y en la violencia social, donde todos somos vigilantes de los otros.
Los partes policiales señalan que al momento de la aprehensión, Alejandro no tenía en su posesión armas, cuchillos ni dinero. Ese fue el mismo testimonio que la policía brindó en la audiencia. Según la gente implicada en la aprehensión de Alejandro, es decir, los moradores del barrio, encontraron un juguete semejante a una pistola al otro lado de la avenida (muchos metros más allá del lugar donde detuvieron a Alejandro), que se recogió como evidencia del caso. Sin embargo, nunca se tomaron huellas dactilares, ni se verificó de alguna forma que le perteneciera a él. Si no se puede probar que tuviera ese juguete en sus manos y no tenía dinero consigo cuando fue detenido, ni armas, ¿por qué fue él quien terminó en prisión, con una sentencia de 9 años por robo?
En su primera audiencia, Alejandro fue representado por un abogado llamado Patricio U. Durante la defensa, Patricio señaló que no había pruebas materiales que inculparan a Alejandro, y que se trataba de un acto de xenofobia. El único testimonio para acusar a Alejandro fue el de la señora María G., la parte acusadora. A la audiencia fue llamada también Ana, novia de Alejandro. El día del juicio, tuvo un ataque de epilepsia y fue hospitalizada. La audiencia continuó pese a que no pudo rendir testimonio. Los jueces determinaron que la pericia policial, el testimonio de la señora G. y el documento que tenía (refiriéndose a un recibo que su cuñado presentaba como prueba de que él había recibido dinero, que se lo había encargado a ella, y que por eso ella tenía 800 dólares) eran pruebas suficientes.
En el documento de la sentencia, según el testimonio siempre cambiante de la señora María G., el joven cargaba la pistola y agredió a su esposo. Pero en el análisis probatorio de la sección décima, se dice que fue el cómplice quien agredió a ese hombre. El hombre mencionado de la moto, que ayudó supuestamente a apresar a Alejandro, no vio el altercado anterior, ya que se encontró con él recién cuando la gente salió corriendo hacia la avenida. Sin embargo, y sin haber presenciado dicho altercado, ayudó al esposo de María G. a atrapar al joven, lincharlo y golpearlo.
Ella y su esposo aseguran que nunca perdieron de vista a Alejandro, sin embargo, se menciona que el pasaje era oscuro, que el esposo recibió una patada y cayó al piso, momento en que debió volverse a incorporar para correr tras el hombre que supuestamente llevaba el cuchillo. La supuesta arma, que era de juguete, fue encontrada entre 30 y 40 metros al otro lado de la avenida según la versión de los policías, pero en el relato nadie llega a cruzar la avenida. Pese a todas estas inconsistencias, los jueces dicen que el relato es coherente y declaran culpable a Alejandro ¿Por qué no se escuchó mejor los testimonios, por qué no se trató este caso con detenimiento? Tenemos razones para pensar que los casos de personas vulnerables, como son las personas migrantes, comerciantes informales, trabajadoras sexuales, personas sin techo, son tratados sin cuidado en el sistema de justicia. Son descartados demasiado pronto y convierten estas vidas en descartables, hechas para llenar las prisiones, desde los estrados de jueces que despachan casos sin consideraciones. Estamos frente a lo que se conoce como “justicia de ganado”: audiencias sin cuidado, sin evidencias ni procesos suficientes, donde muchos son condenados con demasiado poco.
El único testimonio que los jueces toman para establecer la verdad es el de María G. y su esposo. La sentencia otorga nueve años y cuatro meses de privación de libertad a Alejandro, así como el pago de veinte salarios unificados al estado, más los 800 dólares a la mujer que lo denunció sin haberle visto nunca el rostro con suficiente claridad para ubicar sus rasgos específicos. Esta sentencia se emite a pesar de todas las inconsistencias hasta aquí narradas.
Tras escuchar que su hijo fue aprehendido, Liliana viajó inmediatamente de Venezuela a Ecuador, dejando su vida allá de un día para otro. Ella relata que cuando la policía le solicitó a María G. que describiera al acusado, ella no describió a su hijo pese a su notorio cabello blanco, un tatuaje en el brazo y una chiva. María G. simplemente dijo que se trataba de un muchacho de mediana estatura, nada más.
Liliana intentó tomar contacto con la fiscal Yolanda Piedad Ch., sin embargo, ella se negó a recibir a Liliana y la agredió verbalmente, según nos ha relatado. “Me dijo que éramos unos viles delincuentes, que nos fuéramos a nuestro país, que ella odiaba a los venezolanos, esto me lo dijo la fiscal Yolanda Piedad Ch., de la Mena 2”.
Pese a esto, a la discriminación y a las agresiones xenófobas que debió recibir apenas llegada a Ecuador, Liliana insistió en conversar, pero la Fiscal nunca la recibió. Por otro lado, cuando Yolanda Piedad Ch. ofreció el proceso abreviado a Alejandro en calidad de fiscal, lo amenazó, relata Liliana. Le dijo: “¿Qué prefieres, 3 años o 7 años? Porque yo lo que voy es a hundirte, maldito venezolano”.
Fernando H., abogado y cuñado de María G., se contactó con Liliana a los pocos días de la aprehensión de su hijo para extorsionarla. Liliana cuenta que él le pidió mil quinientos dólares para retirar la denuncia, y que admitió que Alejandro no había sido culpable del robo. Como Liliana no tenía el dinero para pagar inmediatamente esa cantidad, el abogado y su cuñada continuaron con la denuncia. Una persona migrante, recién llegada y sin recursos debe enfrentar extorsión y permanente intimidación, y no se conocen rutas claras para denunciar a los abogados que estafan a personas en esta situación, que cada vez conforman redes más grandes de estafa y abuso.
Un año después de las sentencia, los jueces la subieron finalmente al sistema, acción que era urgente para pedir la apelación. Después de cinco meses más, sostuvieron justamente la audiencia de apelación. El abogado que acompañó el caso en esta ocasión fue Diego C., quien lo hizo gratuitamente. El objetivo era anular la sentencia por falta de evidencia, o por lo menos quitar el agravante, dado por la supuesta participación de una segunda persona en el robo que nunca apareció. Sin embargo, en la apelación, la sentencia fue ratificada.
El 18 de febrero del 2021, el abogado particular Santiago C., contratado por Liliana, presentó un recurso de casación. Liliana, sin embargo, le había pedido que pidiera más bien un recurso de revisión, ya que Ana, la novia de Alejandro, se encuentra mejor de salud y podría finalmente presentar su testimonio. En todo caso, el abogado pidió la casación y le cobró a Liliana la suma de dos mil dólares por eso, sin entrega de recibo a cambio, según relata.
El abogado Santiago C. le comunicó que si ella no le entregaba tres mil dólares más, no seguiría con su trabajo, y cortó toda comunicación con ella. Esta no es la primera vez que extorsionan a Liliana por encontrarse en una situación vulnerable y de desesperación. Un hombre llamado Fernando V. se presentó como abogado, y convenció a Liliana de darle tres mil dólares para entregárselos en la audiencia de juicio al juez ponente, porque según él, el juez le había pedido tres mil dólares para dejar libre ese día a su hijo. Como denuncian mujeres pobres, trabajadorxs, personas sin acceso a la justicia, hay mafias de abogados en donde se busque, y lucran de la desgracia de personas indefensas.
Durante estos tres años de una constante lucha en extrema desigualdad contra el sistema judicial y penitenciario, Liliana y su hijo han estado expuestos a múltiples vulneraciones de derechos, agresiones verbales y abusos de autoridad. Uno de los muchos ejemplos es que Liliana ha intentado entrar varias veces a su embajada en Ecuador, y los porteros no le han permitido el ingreso. Las agresiones xenófobas de los mismos funcionarios de justicia, la desigualdad con que viven en este país, su desgaste emocional extremo, los ponen al borde de la desesperación. Liliana tuvo que vender su patrimonio en Venezuela para pagar los abogados y la supervivencia de su hijo en la prisión. Actualmente no tiene trabajo, ni recursos, pero continúa buscando los medios para defenderlo. Todo esto, por obvias razones, ha deteriorado la salud física y mental de Liliana y la de Alejandro, a quien dice ya apenas reconocer, por el deterioro que ha sufrido su vida en prisión. Los problemas de salud de Alejandro, graves, apenas son tratados, y conseguir exámenes médicos es tan lejano que, como miles de familiares, teme permanentemente lo peor.
Ahora, Liliana aceptó el patrocinio de su caso por parte de la Defensoría Pública de Ecuador, en donde se está realizando una revisión de todo este proceso. Es difícil introducir en el sistema de justicia la condición en que las personas migrantes tienen su primer acceso a él: en condiciones de desigualdad por xenofobia, pobreza, tratamiento apresurado y exposición permanente a la corrupción. Lo que sucede con este caso es un problema social, que debe dejar de repetirse. Alejandro merecía un proceso justo de investigación, como lo merecen todas las personas que tienen derecho de probar su inocencia, sin importar cuál sea su origen nacional.
El Estado, el sistema de justicia, el sistema penitenciario y los abogados particulares funcionan en un engranaje de indolencia. Extreman las desigualdades y cercan a cientos de personas que jamás debieron entrar siquiera en prisión. La historia de Alejandro y Liliana, multiplicada por miles, es lo que viven personas migrantes, trabajadoras, racializadas, en el sistema de prisiones en Ecuador. Hemos recogido este relato lo más minuciosamente posible a fin de sensibilizar y de hallar justicia para Alejandro y Liliana. Llamamos a la justicia, a la sensibilidad y al fin de la prisión. #ElEstadoProduceViolencia
