La iglesia, esa propiedad privada

La iglesia, esa propiedad privada

Sobre el pedido de asilo del colectivo de personas refugiadas en la iglesia de Santa Teresita

Empezamos a acompañar a un colectivo de familias refugiadas colombianas a mediados de junio. Son familias perseguidas, con amenazas de muerte que han denunciado ante la Fiscalía General del Estado en Ecuador. Las conocimosdurante una visita a las afueras de ACNUR, en la ciudad de Quito, sector calle Whymper. Allí, las familias habían instalado un campamento de protesta porque consideraban vulnerados sus derechos. Lo vimos una noche y volvimos a ver qué pasaba, con la preocupación de ver un campamento precario en medio de un barrio residencial de Quito, temiendo que sus residentes quisieran desalojar a las familias o denunciarlas, pues la vigilancia policial se ha interiorizado crecientemente en cada ciudadano, llevamos un robusto policía dentro de nosotros. Era alrededor del 10 de junio. Eran más de cien personas organizadas para demandar reasentamiento, protección internacional y un tratamiento digno por parte del Estado ecuatoriano, ACNUR y los actores sociales a cargo de movilidad humana.

En Corredores migratorios, registramos nuestro proceso con este colectivo en seis textos del año 2019. Desalojoscontinuos, de viviendas, de albergues, de la misma calle. En un momento dado, nos vemos, de nuevo, ante la posibilidad de que queden en la calle una vez más. Al tener que salir de albergues del Municipio de Quito, toman una iglesia: Santa Teresita. Allí les deja el bus, esa es la razón, juntada al cansancio, que los niños tienen hambre, que no pueden más. Así que allí entran la tarde del viernes 2 de agosto. Yo llego enseguida y me sumo al pedido de solidaridad dentro de la iglesia, que ya ha cerrado las puertas, por el miedo. Veo que nuestros miedos son muy distintos. El de la iglesia: del extranjero, de que sean mayoría afrodescendiente, de que estén desesperados. El nuestro: de que una vez más sean desalojados, de que sigan con hambre, de que no encontremos un lugar.

Una vez dentro de la iglesia, nos contamos: 12 mujeres, 11 hombres, 12 niños, 8 niñas. Somos 44 personas, conmigo. Hemos aprendido a contarnos por si la policía separa familias o dispersa al colectivo con brutalidad. Nos amenazan con sacarnos, la policía metropolitana ya está presente, y han pedido también antimotines. Pedimos que se escuche a las familias tras largos momentos de incertidumbre. Las familias han entrado con las pertenencias que les quedan y con todo su cansancio, pero también con determinación. Es una medida desesperada: no tienen alojamiento, respuestas con soluciones duraderas a su estado, ni seguridad de que podrán seguir con vida: son personas amenazadas de muerte desde Colombia, por eso huyen. La toma es un acto que resulta del agotamiento de todos los medios para preservar la vida propia, cuando nada más ha funcionado, cuando ha habido abandono del Estado ecuatoriano, de ACNUR, de organizaciones no gubernamentales.

Pensamos, equivocadamente, que hemos llegado a un lugar de amparo. Por fin, tras una larga espera, nos permiten acercarnos al altar mayor desde las bancas de las últimas filas, en donde nos hemos concentrado. Allí, escoltados, sehallan el párroco de la iglesia, el sacerdote colombiano Fredy Garzón Flórez, y el procurador de la misma, que se niega a decirnos su nombre. Nos acompaña uno de los policías antimotines que ya se han desplegado dentro de la iglesia, en unaescena que resulta realmente difícil de creer: alrededor de veinte policías antimotines dentro de una iglesia, resguardándola. “Con ecuatorianas no hablo”, me dice el párroco Garzón Flórez cuando me presento junto a Ingrid, representante de las familias, con un gesto de desprecio: su mano en mi cara. Está bastante alterado, igual que el procurador, cuando nos confirman una vez más esto, que nos cuesta creer:

La iglesia no es para dar abrigo a los desposeídos, no da abrigo a nadie ni es nuestro problema. Esto es una propiedad privada que ustedes están invadiendo y no es asunto nuestro que tengan que irse a la calle. Esto no es problema de la iglesia y ustedes, cristianamente, deben salir de aquí.

Ingrid no renuncia a su dignidad en ningún momento y, para que entiendan quiénes son, le da su propio testimonio de tortura y secuestro. Es una sobreviviente. “Tú que has vivido violencia sabes que no debes ser violenta, y ustedes ocuparon el templo de manera violenta”, le responde el párroco Fredy Garzón. Porque, supongo, ser torturada y secuestrada es exactamente lo mismo que pedir ayuda en una iglesia y entrar a ella para hacerlo.

Le explicamos que las familias son acompañadas hace semanas por periodistas, sociedad civil organizada y personas defensoras de derechos humanos, que damos fe de su situación de grave riesgo. “No creo en quienes defienden derechos humanos, pero eso sí, amo a los negros. Los defensores de derechos humanos son lo peor de lo peor, sólo buscan figurar”, dice Fredy Garzón mientras se burla de nuestro trabajo, pues hemos convocado a personas expertas en movilidad humana y refugio que trabajan desde las universidades y organizaciones para evitar que echen a la gente a la calle lanzándole gas lacrimógeno dentro de la iglesia. Esas personas también se hallan al interior de la nave mayor, testigos del hecho. “Amo a los negros” resuena en toda la iglesia. Garzón es colombiano, “ama a los negros”, pero defiende la propiedad privada en que trabaja y le pide a la policía acudir al gas, en interiores, con niñas y niños presentes, de ser necesario. Por otro lado, racializar a gente ya discriminada en nombre del amor resulta, cuando menos, irónico: no te ayudaré jamás, aunque estuviera en mis manos, y acudiré al uso de la brutalidad policial para resguardar la casa de dios, pero te amo.

Seguimos en la iglesia. En un momento dado, el párroco Garzón decide tomar el micrófono desde el altar mayor que, entiendo, es un lugar sagrado: representa a Cristo, es lugar de sacrificio y de presencia eucarística. Sé también que durante las persecuciones a católicos se portaban altares móviles de madera para poder instalarlos en donde pudieran recibir alojamiento las personas perseguidas. Irónicamente, este altar parece no tener memoria de que en su pasado también está inscrito el desplazamiento forzado. Desde ese lugar sagrado, el párroco le habla a las familias refugiadas:

Autorizo a la policía a hacer uso de toda la fuerza necesaria, que es legítima. Con pena en el alma, vamos a usar el poder de la fuerza pública.

Sus palabras llegan hasta las bancas donde nos sentamos y atraviesan los cuerpos de los policías antimotines que se enfilan a mitad de la nave mayor. La escena es escalofriante: policías antimotines recibiendo desde un altar órdenes de violentar a mujeres, hombres, bebés, que se encuentran en una situación límite. De entre los policías, algunos se muestran sorprendidos, perturbados por la orden que viene del altar, y empiezan a mostrarse algo menos hostiles que el párroco. Mi ateísmo no me impide comprender que esa virulencia golpea duramente a quienes tienen fe, al colectivo, que ha entrado confiando en que la iglesia les dará amparo porque allí se encuentra una presencia protectora. Las familias que acompañamos son creyentes, por eso van a pedir amparo en una iglesia, que debería ser su santuario.

Ante la perturbadora escena y estas palabras que viajan por la nave de la iglesia hasta nosotros, la turbación. El sacerdote y el procurador no dejan de usar este argumento tan previsible del manual del odio contra personas migrantes y refugiadas: “Llévenselos a su casa. ¿Por qué no están en su casa y vienen aquí?” Ingrid, con contundencia, les dice desde su fe: “Porque esta no es su casa, es la casa de dios, y venimos a buscar su ayuda a los desposeídos.” Yo, en cambio, pienso en lo lamentable de este reproche y hallo respuesta en Malik Gueye, activista senegalés del sindicato de manteros en España:

Es absurdo…No quieren ir a casa de nadie, no son víctimas. A ver cuándo empiezan a hablar de los migrantes como sujetos de derechos y no como alguien que necesita ser ayudado.

Este artículo que la periodista española Gabriela Sánchez publica en @eldiarioes recoge respuestas ante el reproche xenófobo del “llévatelos a tu casa”: las personas que migran y que deben huir de su tierra no quieren ir a mi casa ni a la tuya, quieren construir una con sus manos; no son desvalidas, necesitan trabajar y ser tratadas con la dignidad que merece un sujeto pleno de derechos, que quiere su propia casa y su propio trabajo. A la vez, son responsabilidad del estado, que tiene presupuestos y obligación de administrar la migración, el refugio y la vulnerabilidad específica de las personas refugiadas perseguidas por la guerra colombiana. La solidaridad y claridad política de la sociedad civil organizada hacen el trabajo de responder a la xenofobia y disputarle sentidos y narrativas al fascismo, crear alianzas, pero es responsabilidad del Estado responder a la movilidad humana y dejarla de presentar como un problema.

La toma pacífica de la iglesia es apoyada por personas defensoras de derechos humanos que se reúnen con el párroco y el procurador, y también están presentes organizaciones sociales de la iglesia católica más progresista, solidaria con la migración. Esta coalición, junto con la coherencia del movimiento Fe y Alegría, permite que las familias se trasladen a un lugar seguro gestionado por esa organización, movida por un “deseo de transformación que reacciona ante la injusticia”, como dice su misión. La iglesia que convoca a policías antimotines, pide gas lacrimógeno desde un altar y hace oda de la propiedad privada no es la única iglesia que existe, afortunadamente. Un abismo se abre esa tarde entre Santa Teresita, considerada propiedad privada “que nada tiene que ver con el amparo”, como dicen su párroco y su procurador, y la iglesia solidaria.

Este acto de coherencia de las personas defensoras y de Fe y Alegría, a la vez, da cuenta de algo: del silencio del Estado y del determinismo tecnocrático de los organismos encargados de refugio. Todo señala que no hay lugar para estas familias en Ecuador, aunque deban quedarse un tiempo y luego seguir su camino, pues la guerra colombiana, de la que entendemos tan poco, les persigue hasta acá, en donde no hay lugar. “Hemos agotado todas las instancias. Nunca hemos querido estar en la calle ni tomarnos nada, hemos hablado con todos: presidencia, Cancillería, ACNUR, Municipio…”. Lo comprobamos en el proceso colectivo de acompañamiento: incluso posibilidades de vivienda temporal en comunidades que pensamos solidarias se hacen imposibles cuando el desconocimiento y el miedo del otro pueden más que la hospitalidad. Ni arriendos, ni proyectos, ni trabajo con “extranjeros”. De los organismos, no percibimos más que soluciones económicas, resultados cuantificables, dádivas, en definitiva, para personas que han sufrido violación, secuestro, tortura, persecución y amenazas de muerte en Ecuador que han sido denunciadas ante Fiscalía.

Durante lo que restaba de 2019, una parte de las familias organizadas en colectivo se fue de Ecuador por una ruta altamente peligrosa que les expuso a la muerte. No porque quisieran: porque no tuvieron opción. Debieron renunciar a su status de refugio y tomar caminos desesperados. Todo esto ilustra el colapso del sistema de reasentamiento, la pobreza e inoperancia de las políticas migratorias, la escasa capacidad de responder fuera de un manual técnico, cuando estas personas han sufrido vulneración de derechos y un daño grave ocasionado por esta cadena de maltratos que hace visible el riesgo en que pueden hallarse miles de personas refugiadas en Ecuador. No, no vinieron porque quisieron, no son “conflictivas” ni “lobos” ni “un problema”, como le han llamado los mismos organismos encargados de movilidad humana y refugio. Sus derechos deben ser restituidos, su vida debe ser protegida, y nuestras sociedades deben empezar a entenderlo: la movilidad, el desplazamiento, el refugio, no son “algo que le pasa a los otros”, están aquí, en nuestra proximidad, forman parte de nuestras vidas. La organización de estas familias y su determinación dicen de un sistema que ya no protege la vida, sino que busca administrarla de la manera más tecnocrática posible a fin de que no obstaculice la soberanía nacional, la seguridad pública ni la estabilidad, formas varias de denominar, hoy, la violencia legal de los Estados. En agosto de 2019, ACNUR seguía vallado para verse a salvo de nuevas protestas. Un organismo que debe trabajar contra las fronteras levantó las suyas propias en la calle Whymper, sector residencial de Quito. En la terraza de su sede se podía ver, en el tiempo del campamento, gente tomando cocteles, mirando hacia abajo. CBS

Cristina Burneo Salazar

Pertenece al movimiento de mujeres de Ecuador. Es escritora, traductora y docente en la Universidad Andina Simón Bolívar. Desde 2013 escribe artículos de opinión, crónica y narrativas desde el feminismo y otras desobediencias.

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