“Arrancarme a mis hijos de las manos después del trabajo que pasamos para salir los cuatro… ¡Ya no podemos, ya no podemos! Alguien tiene que ayudarnos… No lo permitan, por favor, no lo permitan. Me arrancaron a mis hijos de los brazos, nos separaron y ahora no sé en dónde están…”
“Mi hijo tiene un documento oficial de no deportación. Un policía le puso una pistola en la cabeza, entraron a la celda y le cayeron a patadas a él y a cuatro muchachos más que no habían hecho nada. Los subieron al bus a golpes. Tuve que ver cómo le ponían a mi muchacho una pistola en la cabeza. ¿En dónde está la justicia internacional? ¿Quién se va a responsabilizar por lo que nos han hecho?”
Entre el 6 y el 13 de julio de 2016, el gobierno ecuatoriano ejecutó desde la ciudad de Quito un operativo de expulsión masiva contra un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Cuba sin precedente en la historia migratoria del país. En esa semana, la Policía Nacional detuvo en violentos operativos de represión a 149 personas mientras dormían en un campamento. Dicho campamento se había instalado primero frente a la Embajada de México a fin de solicitar una visa humanitaria y luego se trasladó al parque El Arbolito. Allí tuvo lugar una violencia policial sin límites: la policía destruyó el campamento, reprimió con gas y palizas, destruyeron las pertenencias de las familias.
El 6 de julio por la mañana llegó la noticia del desalojo del grupo. Lxs abogadxs Francisco Hurtado y Javier Arcentales y la investigadora Soledad Álvarez llegaron a la Unidad de Flagrancia, emitieron la primera alerta y convocaron a medios con el apoyo del colectivo Yasunidos de entonces. Sobre el terreno del compromiso con la movilidad humana, pronto se sumaron más personas y redactaron el habeas corpus el mismo día 6. Esa noche empezaron las vigilias solidarias, alertas y los seguimientos a los buses que días más tarde se llevaron al grupo a los vuelos de deportación. Ese día, el grupo articulador supo que ninguna organización de movilidad humana se haría presente institucionalmente.
El entonces viceministro del Interior, Diego Fuentes, invocando la Ley de Migración de 1971, revocó cerca de ochenta sentencias judiciales de libertad y ordenó la expulsión general. Los primeros grupos, de 49 personas el 9 de julio, de 26 personas el 11 de julio, eran trasladados de madrugada al aeropuerto y embarcados en vuelos militares hacia Cuba. El 12 de julio, un colectivo conformado por abogadxs de derechos humanos, activistas, migrantes de Cuba, escritorxs, investigadorxs y periodistas denunciaron en ruedas de prensa, artículos y redes sociales que se trataba de una expulsión masiva de personas extranjeras, prohibida constitucionalmente, y no de una deportación de personas indocumentadas. Era un crimen.
Esa tarde se realizó muy tardíamente la audiencia de habeas corpus de 45 personas restantes, que se extendió por 13 horas y resultó en la negación del recurso para 44 de ellas. El operativo culminó el 13 de julio con el traslado de ese último grupo al aeropuerto de Latacunga, como lo contamos abajo reconstruyendo la memoria de esos días. En total, 121 personas fueron expulsadas de Ecuador. Entre ellas había solicitantes de refugio y personas con sentencias judiciales de libertad no respetadas. Quienes estuvimos allí recordamos gritos, calabozos, un aborto involuntario por el estrés extremo, despedidas súbitas, riesgos de infarto.
Gonzalo Fernández Cevallos trabajaba cuidando automóviles en el sector de la Embajada de México –cerrada 8 años más tarde, el 5 de abril de 2024 tras la invasión ilegal del gobierno de Ecuador a su predio–. Además, Gonzalo trabajaba en el edificio aledaño acompañado por sus perros, Pulga, Valentina y Black. Black, su pastor alemán, acompañó a Gonzalo a solidarizarse con el campamento al jalar una toma de luz desde el edificio para que pudieran tener algo de electricidad o calentar agua. Así lo recuerda él:
A mis amigos de Cuba: En realidad fue muy triste lo que vivieron los migrantes cubanos que estuvieron en las afueras de la Embajada de México. De mi parte hice lo que pude por aquellas personas que necesitaban un poco de ayuda. Con luz, agua, por el baño que les podía prestar, casi me quedo sin trabajo. Gracias a todos los migrantes que me hicieron sentir que valgo mucho , ya que todos somos iguales. Lo triste es que Black y Valentina ya no están conmigo.
Black se convirtió en un personaje querido por el campamento y el grupo que acompañaba. Gonzalo tuvo la valentía que no tuvo ningún funcionario del gobierno en ese entonces al proporcionar electricidad y prestar solidaridad al campamento.
El Colectivo Atopia se articuló en el proceso en respuesta a la detención y expulsión del grupo cubano con abogadxs en derechos humanos e investigadorxs en temáticas migratorias por medio de la acción directa. Produjeron el trabajo Bitácora de una Expulsión (2017), una polifonía de voces migrantes, activistas y de defensa de derechos humanos. El colectivo mantuvo actividad hasta 2020 y su blog queda hoy como memoria de este proceso, la conmemoración del primer año de la expulsión y trabajo de investigación sobre migraciones. Algunxs de sus integrantes se reencuentran hoy aquí para rememorar el 2016. La determinación de Atopia en este proceso convocó a más personas que acompañaron de otros modos, desde el registro de los hechos, la escritura, la solidaridad y la protesta.
A pesar de las expresiones de racismo y xenofobia que circularon en el estado, diversos espacios y plataformas, distintas expresiones de solidaridad popular se sucedieron durante todo el proceso. En Quito solamente, vecinxs de distintos lugares se acercaron a traer comida y bebidas a las personas acampadas, tanto en las afueras de la Embajada de México como en los parques de La Carolina primero y El Arbolito después. De forma similar sucedió en los exteriores del “Hotel Carrión”. A mediados de julio, después de la deportación del último grupo, un número considerable de nacionales cubanxs emergió en Colombia, en ciudades como Urabá y Turbo, buscando llegar al Darién. Los gestos de solidaridad y refugio ofrecidos por la gente de estas ciudades eran registrados por las personas en tránsito a través de redes sociales. Las alertas emitidas por Atopia en agosto del 2016, reportes de prensa internacional y la televisión colombiana daban cuenta, a su vez, de acciones que implementó entonces el gobierno colombiano para penalizar los actos de solidaridad de los vecinos de Urabá con la gente en tránsito por la región, a la vez que la policía colombiana entregaba panfletos con el mensaje “Por un Urabá más seguro y en paz: Denuncie”.
Además de los espacios y organizaciones mencionados hasta acá, importantes expresiones de respaldo a lxs familiares y detenidxs a lo largo del proceso involucraron a diversas organizaciones y espacios de la sociedad civil, incluyendo la organización anticarcelaria Mujeres de Frente, la Maestría de Sociología de Flacso y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Andina de ese entonces. Se organizaron acciones como concentraciones frente a las audiencias judiciales, vigilias frente al centro de detención “Hotel Carrión”, recogidas de alimentos, y se amplificaron en medios alternativos las violaciones cometidas por el estado ecuatoriano.
Ahmed Correa Alvarez, investigador interdisciplinario, jurista, y graduado de FLACSO Ecuador, caribeñista que pasó mucho tiempo en este país, trabajó en el extinto Ministerio de Justicia y en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas, recuerda:
Me parece mentira que hayan pasado ya diez años. En aquel entonces me había graduado de la Flacso, trabajaba para el MINJUS en un proyecto de educación para personas privadas de libertad. Fui parte de aquel pequeño grupo que se articuló en ATOPIA para registrar, denunciar y activar herramientas legales a la mano en aquel momento. Recuerdo nuestras primeras visitas al campamento del Parque La Carolina, después del desalojo del grupo inicial el 27 de junio de la Embajada de México; la salida en peregrinación hacia El Arbolito, donde se reubicó el grupo con cerca de 300 personas; y también las noches de vigilia frente al “Hotel Carrión”, prisión de migrantes, después del operativo del 6 de julio, que terminó con la detención de alrededor de 150 personas de distintas edades. A partir de los intercambios con la policía frente al Hotel Carrión, un oficial accedió a devolver las pertenencias, que habían sido colocadas en una dependencia cerca de la Occidental, y que fueron luego transportadas a la organización Fe y Alegría: zapatos, colchones, abrigos, pasaportes, cartas y fotografías de familiares, juguetes y dibujos de niños, títulos universitarios, equipajes rebozados, monederos y billeteras, y la fotito plastificada de una virgen de muchos nombres. Hasta los exteriores de Fe y Alegría llegó días después un grupo de personas refugiadas colombianas, en su mayoría afrodescendientes. Estaban pidiendo que le dieran las pertenencias que no serían ya reclamadas. Alguien intentó sacar una foto, con espanto se cubrieron los rostros, pidieron no ser fotografiados. Según contaron llevaban pocos días en Ecuador, estaban en una situación muy precaria, necesitaban ayuda. Toda aquella imagen revelaba algo sobre la continuidad de la violencia y el idioma deshumanizante de las fronteras. Aquel día tembló la tierra en Quito. Nada de aquellos bienes eran nuestros para entregar. Esperábamos que sus dueños regresaran a reclamarlos. No sabíamos entonces que, con la deportación del último grupo y el rechazo de las acciones en la vía judicial, la mayoría abandonaría Ecuador en dirección a Colombia, y de ahí al Tampón del Darién. En aquel contexto me parecía que algo estaba terminando en Ecuador -y así lo dejaría en claro el gobierno de Lenin Moreno -, mientras algo nuevo iniciaba y se hacía explícito con la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en ese mismo 2016. En aquel momento no lo sabía, pero un año después de aquel verano dejaría Ecuador para ir primero a Cuba y después a Estados Unidos. Escribo estas notas desde la capital de California mientras escucho en las noticias del asesinato de Alexandra Bravo, la fiscal de Manta que investigaba el ataque en contra de tres embarcaciones de pescadores ecuatorianos. Si el camino y aquella virgen nos lo permite, hemos de llevar a nuestro hijo a conocer el Ecuador, y a las amigas y amigos que nos hicieron crecer y amar la vida en las faldas del Pichincha.
La socióloga experta en migraciones Martha Cecilia Ruiz y el educador Luis Túpac Yupanqui, militantes hace décadas, fueron parte fundamental de la articulación formada para acompañar en la defensa del campamento. Aquí, recuerdan la audiencia de habeas corpus del día 12 de julio y el canto de Guantanamera que ecuatorianxs, cubanxs, colombianxs, entonaban fuera para juntar fuerza de protesta:
Nos autoconvocamos al “Plantón contra la xenofobia” en las afueras de la Unidad Judicial de Garantías Penales, en ese entonces en la Av. 10 de Agosto y Murgeón, al norte de Quito. Allí tuvo lugar la tardía audiencia de habeas corpus, para intentar liberar a 45 personas cubanas que permanecían detenidas, luego de seis días de su violenta aprehensión y fuera del plazo legal establecido. Para ese entonces, ya habían sido deportadas a Cuba 75 personas desde Ecuador en dos vuelos militares, algunas de ellas, incluso, con sentencias de libertad. La audiencia empezó a las 16:00 y terminó a las 05:00 del siguiente día. Fueron más de 12 horas de espera y angustia. Muchas personas llegaron con rosas, otras con velas. Cantamos Guantanamera con un nudo en la garganta y muchos acentos, caribeños y andinos. Gritamos contra la criminalización de las personas migrantes y por el derecho a la libre movilidad, por una ciudadanía que reconociera nuestra hermandad latinoamericana. Cuando cayeron la noche y el frío, la solidaridad se reforzó. Llegaron vehículos con café, pan y mantas. Juntamos fuerzas para seguir gritando y cantando, mantener la esperanza y sostener los ánimos de quienes ansiaban ver a sus familiares en libertad. Pero esto no sucedió. Solo un hombre cubano, con solicitud de refugio, fue liberado ese día. Al resto se les negó el recurso de habeas corpus y también el derecho a apelar la sentencia de deportación, que se puso en marcha de manera inmediata. Las personas detenidas tuvieron escasos minutos para despedirse de sus seres queridos. Los abrazos y besos fueron rápidos, entre lágrimas, con un dolor desgarrador por las familias que quedaban separadas.
De esta manera terminó la expulsión, de madrugada y con un operativo policial que trasladó a 44 personas cubanas hasta el aeropuerto de Latacunga, desde donde fueron deportadas en un tercer avión militar. Todo esto, en un gobierno y un país que, en ese entonces, se jactaba de tener la Constitución más progresista del mundo, aquella de la “ciudadanía universal”.
La dimensión jurídica del proceso fue más o menos así: Javier Arcentales, abogado en derechos humanos, fue parte del colectivo que sostuvo el proceso y propuso el habeas corpus colectivo junto con Juan Pablo Albán, Francisco Hurtado y Gina Benavides. Las defensoras Paola Moreno, Giovana Tipán, Daniela Salazar, Jorge Acero y María Espinoza acompañaron a las personas detenidas, tanto en el “Hotel Carrión” como en los traslados al aeropuerto. Fueron días y noches enteros bajo. Jorge Fernández, Daniela Peralta, Felipe Rivadeneira, Daniela Ubidia, Belén Aguinaga, Cindy Aguiar trabajaron en las audiencias de deportaciones. Eran decenas de abogadxs trabajando en una cafetería cercana preparando documentos, argumentos, estrategias. Juristas cubanas como Amalia Pérez Martin, Leda Alfonso y Yanitza Sánchez fueron fundamentales en el tejido social que allí se formaba. Al salir de la audiencia, Javier tomó la fotografía del beso que se daba una pareja, una escena de injusticia con muchos testigos:
Él la besa porque sabe que en cuestión de horas será deportado de regreso a Cuba. Ella, luego de esperar en la calle soportando el frío de la madrugada, no tiene más remedio que aceptar que será su despedida. Lo que no podemos ver en la foto es el bebé que ella, ecuatoriana, está esperando de él. Tampoco lo vieron -o prefirieron no verlo- los jueces de la audiencia de habeas corpus que duró más de doce horas el 12 de julio. La foto tampoco muestra cómo, horas antes en la misma audiencia, los funcionarios y abogados del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional esgrimían argumentos contradictorios, ensayando la credibilidad de quien cometió un error pero no lo quiere admitir para justificar la detención masiva. La foto no muestra los rostros de quienes tomaron las decisiones en este proceso de expulsión colectiva. No se ha retratado al canciller Guillaume Long ni a la funcionaria Nelly Reina, ni al viceministro del Interior, Diego Fuentes, ni a colaboradores, que con manos ágiles preparaban y firmaban decenas de resoluciones para revocar sentencias judiciales que ordenaban la libertad de más de 80 de las personas detenidas. Seguramente entre esas resoluciones estaba la del futuro padre que en la foto se despide. Tampoco vemos en la foto a los jueces del Tribunal de Garantías Penales que resolvieron el habeas corpus. Tarea complicada para los juristas, no mirar cómo la mayoría de personas detenidas fueron puestas a órdenes de un juez después de las 24 horas que permite la Constitución, y aun así muchas de ellas fueron deportadas sin tener posibilidad de apelar. En la foto tampoco vemos a quienes propiciaron esta dolorosa despedida. Los mandos de la Policía y del Ministerio del Interior a quienes se les ocurrió la brillante idea de realizar el operativo de detención masiva en el parque de El Arbolito. No están los jueces de contravenciones que aceleraron el procedimiento ni los mandos medios del Ministerio del Interior quienes, cual abejas obedientes y laboriosas, transportaban expedientes desde los juzgados de contravenciones a su panal para expulsar con rapidez y sin debido proceso. Brilla por su ausencia en esta imagen de la injusticia la Dirección de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que frente a las manifestaciones de temor por volver a Cuba que expresaban los detenidos, jamás inició proceso alguno para determinar si las personas requerían protección internacional. Es la fotografía de la injusticia, producto de una institucionalidad que conocía los derechos que atropellaba y unas garantías constitucionales que no solo se quedaron en el papel, sino que sirvieron para legitimar la arbitrariedad. Frente a la ceguera indolente, la fotografía nos muestra que él, ella y su bebé existen y que sus vidas fueron atravesadas por la brutalidad de la violencia.
Soledad Álvarez Velasco, geógrafa y antropóloga social, investiga las luchas de las personas migrantes y regímenes fronterizos. Cuando ocurrió la detención y deportación masiva, era voluntaria en la Unidad de Atención a la Movilidad Humana del Gobierno Provincial de Pichincha mientras investigaba. Fue integrante fundadora de Atopia. Esto es lo que recuerda:
Cargábamos una mezcla de indignación, dolor e incomprensión ante la desproporción de la violencia estatal. Desde el primer día nos organizamos en comités y, entre otras acciones, difundimos comunicados de prensa para que Ecuador y la región conocieran la magnitud de la vulneración que se cometía en el supuesto país de la “ciudadanía universal”. No podíamos creer que en un país como el nuestro, pese a su Constitución progresista y, sobre todo, con la historia de tantxs ecuatorianxs que habían sido deportadxs de Estados Unidos o Europa y habían vivido esa violencia estatal en carne propia, el Estado ecuatoriano estuviera haciendo lo mismo. Durante aquellos días, Atopia fue un refugio de militancia sostenida que nos permitió acompañar a las familias cubanas y tejer una memoria colectiva de aquel oscuro tiempo de hostilidad estatal y resistencia. Lo que también me marcó fue que, a contrapelo de la violencia estatal, la fuerza inquebrantable de lxs migrantes cubanxs no cesó. A pesar del terror desatado por la persecución, las detenciones y las deportaciones, su proyecto migratorio no cesó, todo lo contrario: hizo que lo recalibraran y lo reactivaran de otra manera, lo que contribuyó a impulsar la salida de miles de personas cubanas desde Ecuador hacia Colombia a través del Darién en dirección a Estados Unidos. Lo sucedido en Ecuador intensificó los tránsitos irregularizados y desencadenó una serie de respuestas antimigrantes en la región: Ecuador deportó; Colombia cerró su frontera y comenzó a deportar; Panamá y Nicaragua cerraron sus fronteras. De algún modo, aquel episodio que comenzó en Quito y adquirió una dimensión regional es fundamental para comprender cómo, apenas cinco años después, el Darién se convertiría en un conector migratorio regional y en un espacio de disputa migrante sin precedentes. Años más tarde, durante mi trabajo de investigación en Estados Unidos, me encontré con migrantes cubanxs que habían escapado de aquel operativo. Eliana era una mujer cubana de alrededor de treinta años a quien conocí en Houston. Me relató lo que había vivido, recuerdo especialmente una de sus frases: “En Ecuador se desató una cacería contra los cubanos y, antes de que nos detuvieran, nos fuimos. En ese país no podíamos quedarnos más” me dijo. Como miles de personas más, Eliana atravesó el Darién y llegó por tierra a Estados Unidos. De Ecuador recuerda especialmente las montañas de Quito, pero todavía lleva en la piel la memoria de aquellas semanas de hostilidad en un país del que nunca pensó irse, pero cuya violencia terminó por expulsarla. Ojalá esta rememoración contribuya a interrumpir la reproducción de episodios de violencia como aquel, que devastaron la vida de miles de migrantes.
Por otro lado, Cristina Burneo Salazar, del colectivo Corredores Migratorios, fundado en 2018 con el antecedente fundamental de Atopia, recogió en 2016 las voces de familiares que circulaban audios de quienes serían deportadxs, o repetían lo que sucedía, o lo contaban muchas veces para asimilar la violencia que vivían. Mientras se recogían estos testimonios, los buses policiales, cuyos motores permanecían encendidos durante horas emitiendo monóxido de carbono para cansarnos, liberaban a decenas de robocops, como se llamaba a los policías que hicieron parte de los operativos de represión.
«Ayer deportaron a mi esposa, hoy me deportan a mí. Nuestra hija tiene 17 años. ¿Qué va a hacer aquí, sola? ¿Quién se va a hacer cargo de ella? Me dicen que es peligroso, que las muchachas solas quedan expuestas a todo… ¿Qué va a hacer mi hija sin nosotros?»
«Me dijeron que no procedía mi deportación, tenían que soltarme. Tengo mi sentencia de libertad en la mano, me la llevo en el bus que me saca de aquí. Pensé que con esa sentencia estaba a salvo. No me salvé.»
«Tengo carnet de refugio de Brasil. Si me quieren deportar, que sea a Brasil, eso dice la ley, ¡pero no a Cuba! ¿Por qué nos mandan a Cuba si saben que iremos a la cárcel, que harán con nosotras lo que quieran?».
«Cuando revolvieron todo en el campamento y patearon nuestras cosas se me perdió el álbum de mi bebé, no aparece. Mi hija nació en Ecuador. Me casé con mi novio para que le dieran visa de amparo, llegamos juntos. No tenemos trabajo hace dos meses, tenemos papeles pero no trabajo…»
«Tengo 18 años. Mi sentencia dice que no procede deportación. ¡Esto es un secuestro! ¿Dónde están los derechos humanos? He estado 6 días en Flagrancia en pésimas condiciones. Nunca imaginé que iba a estar así, sin ducharme, sin poder ir al baño…¡cómo nos pueden degradar tanto!»
«Algunos muchachos quisieron quemarse para llamar la atención internacional. No aparecen los organismos de derechos humanos. ¿Y ONU, y Acnur y todos esos que dicen que ayudan a migrantes? Otros prefieren morirse, no quieren volver a Cuba, allá nos hacen lo que quieren.»
«Hay mujeres a las que les dieron la libertad luego de golpearlas la noche antes. Como estaban muy mal, parece que mejor las dejaron ir. Se oían gritos de ellas desde adentro del Hotel Carrión, desde arriba, donde estábamos nosotros, en otras celdas. Eran unos gritos insoportables…»
En esta articulación en torno al proceso cubano y Atopia, también había personas en organizaciones de derechos humanos cuya misión era justamente proteger los derechos de personas como las que componían el campamento. Mónica Salmón, investigadora especializada en las migraciones hacia Estados Unidos, el cuidado y la supervivencia, lo recuerda de esta manera:
Mi primer impulso fue movilizarme desde dentro de la organización de derechos humanos donde trabajaba, era responsable de incidencia política y procesos educativos. Pensé: hay que presionar al gobierno para detener esta expulsión masiva, una de las violaciones de derechos humanos más graves que he visto. No pude. No logré convencer a nadie de usar el poder institucional. La organización se paralizó. Era “riesgoso”, “había mucho en juego”. Una institución que debía denunciar y defender a las personas en movilidad priorizó su “propia existencia” y guardó silencio. Ese silencio ensordece y quema por dentro. Fue desolador ver cómo la injusticia y la impunidad cobraban forma en discursos criminalizadores y en prácticas de militarización, violencia, detención y expulsión. En mis tiempos libres, a la hora del almuerzo o al terminar mi jornada de 9 a 5, salía a las calles. Reconocía a Pancho, por ejemplo, con su manera irónica y cruda de pronunciarse ante las situaciones más aberrantes que una sociedad puede infligirle a sí misma. Me sumé a sus esfuerzos. Me integré a un grupo diverso de compañerxs que, entre manifestaciones, pronunciamientos, recolección de víveres y noches durmiendo afuera del “Hotel Carrión” para vigilar que las autoridades no se llevaran a las personas detenidas al aeropuerto a medianoche para deportarlas, emprendimos acciones solidarias y denuncia, que ahora son acciones de memoria para la no repetición. No detuvimos la expulsión masiva, pero sí encontré un espacio colectivo que denunció y documentó la historia de un suceso impensable, negligente y aterrador para un país que se vanagloriaba de otorgar el derecho a la ciudadanía universal.
Carmen Gómez, socióloga de las migraciones, era docente en Flacso al momento de las detenciones. Años más tarde, en 2019, se involucró en un proceso similar, un campamento de protesta de personas refugiadas colombianas, donde algunxs de nosotrxs veíamos la violencia volver exacerbada.
Me encontraba en España cuando empezaron a llegar noticias, mensajes y fotografías de compañerxs sobre lo que estaba ocurriendo frente a la Embajada de México en Quito, el posterior desalojo de las personas manifestantes, su instalación en el parque El Arbolito y el operativo final que provocó la deportación de buena parte de ellas hacia Cuba. Recuerdo vivir días de angustia e incomprensión desde la distancia física con respecto a la virulencia con la que se estaba produciendo la intervención gubernamental. Esos sentimientos se repetirían años más tarde, pues lo que ocurrió en julio de 2016 no fue más que el preludio de un modus operandi gubernamental que truncaría la vida de otras muchas personas migrantes asentadas en este país. Volví en los últimos días del proceso, el 9 de julio. Ya habían tenido lugar las primeras deportaciones. Recuerdo escaparme del trabajo durante dos días para poder estar frente al “Hotel Carrión” los medios días y las tardes. La imagen que aún retengo, la más difícil de asimilar, es la de las siluetas borrosas de varios hombres que se agolpaban permanentemente frente a las ventanas del edificio, los gritos apagados pidiendo ayuda, las prendas blancas prendidas de las rejas de esas ventanas en un gesto desesperado por llamar la atención de los transeúntes. Recuerdo la sensación de espera eterna, la desazón mientras nos enterábamos de que en las dos audiencias faltantes se tomaba la decisión de deportarlos. Pocas veces se es testigo de la velocidad pasmosa con la que un Estado puede poner en funcionamiento una maquinaria tan plagada de arbitrariedad y de injusticia frente a personas en condiciones de vulnerabilidad … eso fue lo que se vivió en julio de 2016, que después veríamos en otros operativos de violencia expulsora.
Luis Túpac Yupanqui, involucrado en el proceso de entonces desde Fe y Alegría, recuerda:
La llegada de lxs niñxz chilenxs a las aulas de clase de mi escuela fiscal en Guayaquil cuando yo tenía 10 años me dejó recuerdos y experiencias de gentes distintas que se atrevieron a salir de un mundo que ya no daba esperanzas. Igual que mi papá, que se vino de Cañar cuando joven y se conoció con mi mamá en Guayaquil. Él también salió de Cañar porque allá el mundo era muy estrecho. Esos recuerdos se actualizaron en mí con la llegada de lxs colombianxs huyendo del Plan…, de lxs peruanxs que venían porque acá se pagaba en dólares, de lxs haitianxs porque se les cayó todo con el movimiento tectónico. Qué arrechxs que venían, escapando de un mundo sin sueños, dispuestxs a todo. En este escenario llegaron lxs cubanxs y luego lxs venezolanos. Quizá eso nos queda, eso nos enseñaron. No vale quedarse en un mundo que se derrumba. ¡O lo cambiamos, o escapamos!
Aún en espera de la CIDH
Diez años después de la detención y deportación masiva de este grupo de personas cubanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se ha pronunciado sobre estas notorias violaciones. El expediente P-1468-17 sigue sin una respuesta que asegure que este caso no quedará en la impunidad, que los derechos vulnerados serán reparados y medidas para que nuevos hechos no vuelvan a ocurrir. Sabemos que hacer un llamado a la CIDH a cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos en la región no borra la injusticia que han vivido durante diez años estas personas, pero no dejamos de reclamar memoria, justicia y jamás dejar de nombrar a quienes sabemos que fueron violentados.
Un año después de la deportación masiva del grupo de ciudadanxs cubanxs se aprobó la Ley Orgánica de Movilidad Humana que, en principio, buscaba incorporar un trato “más humano” (valga la ironía de incorporar leyes que se limiten a enfatizar la humanidad de los seres humanos) a las personas migrantes, sin embargo desde entonces ha tenido cinco reformas, cada vez más restrictivas y regresivas. Pese a las nuevas normas, hasta el momento el Estado ecuatoriano no ha reconocido las violaciones a los derechos del grupo de personas cubanas detenidas y deportadas. Tampoco ha adoptado ninguna medida de reparación o justicia.
Este texto y las fotografías que lo acompañan fueron preparados por abogadxs, investigadorxs, educadorxs y militantes que se autoconvocaron al proceso de defensa del legítimo campamento de protesta de ciudadanxs cubanxs de julio de 2016. Son muchas más personas de las que aparecen aquí. A quienes conformaron el campamento, formaron parte del grupo y vivieron la expulsión por reclamar una salida digna a su reclamo, no lo olvidamos. La devolución de esta memoria a diez años de los hechos es para ustedes.
Puedes descargar la bitácora de Atopia aquí: https://colectivoatopia.wordpress.com
