“Arrancarme a mis hijos de las manos después del trabajo que pasamos para salir los cuatro… ¡Ya no podemos, ya no podemos! Alguien tiene que ayudarnos… No lo permitan, por favor, no lo permitan. Me arrancaron a mis hijos de los brazos, nos separaron y ahora no sé en dónde están…”
“Mi hijo tiene un documento oficial de no deportación. Un policía le puso una pistola en la cabeza, entraron a la celda y le cayeron a patadas a él y a cuatro muchachos más que no habían hecho nada. Los subieron al bus a golpes. Tuve que ver cómo le ponían a mi muchacho una pistola en la cabeza. ¿En dónde está la justicia internacional? ¿Quién se va a responsabilizar por lo que nos han hecho?”
Entre el 6 y el 13 de julio de 2016, el gobierno ecuatoriano ejecutó desde la ciudad de Quito un operativo de expulsión masiva contra un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Cuba sin precedente en la historia migratoria del país. En esa semana, la Policía Nacional detuvo en violentos operativos de represión a 149 personas mientras dormían en un campamento. Dicho campamento se había instalado primero frente a la Embajada de México a fin de solicitar una visa humanitaria y luego se trasladó al parque El Arbolito. Allí tuvo lugar una violencia policial sin límites: la policía destruyó el campamento, reprimió con gas y palizas, destruyeron las pertenencias de las familias.
El 6 de julio por la mañana llegó la noticia del desalojo del grupo. Lxs abogadxs Francisco Hurtado y Javier Arcentales y la investigadora Soledad Álvarez llegaron a la Unidad de Flagrancia, emitieron la primera alerta y convocaron a medios con el apoyo del colectivo Yasunidos de entonces. Sobre el terreno del compromiso con la movilidad humana, pronto se sumaron más personas y redactaron el habeas corpus el mismo día 6. Esa noche empezaron las vigilias solidarias, alertas y los seguimientos a los buses que días más tarde se llevaron al grupo a los vuelos de deportación. Ese día, el grupo articulador supo que ninguna organización de movilidad humana se haría presente institucionalmente.
El entonces viceministro del Interior, Diego Fuentes, invocando la Ley de Migración de 1971, revocó cerca de ochenta sentencias judiciales de libertad y ordenó la expulsión general. Los primeros grupos, de 49 personas el 9 de julio, de 26 personas el 11 de julio, eran trasladados de madrugada al aeropuerto y embarcados en vuelos militares hacia Cuba. El 12 de julio, un colectivo conformado por abogadxs de derechos humanos, activistas, migrantes de Cuba, escritorxs, investigadorxs y periodistas denunciaron en ruedas de prensa, artículos y redes sociales que se trataba de una expulsión masiva de personas extranjeras, prohibida constitucionalmente, y no de una deportación de personas indocumentadas. Era un crimen.
Esa tarde se realizó muy tardíamente la audiencia de habeas corpus de 45 personas restantes, que se extendió por 13 horas y resultó en la negación del recurso para 44 de ellas. El operativo culminó el 13 de julio con el traslado de ese último grupo al aeropuerto de Latacunga, como lo contamos abajo reconstruyendo la memoria de esos días. En total, 121 personas fueron expulsadas de Ecuador. Entre ellas había solicitantes de refugio y personas con sentencias judiciales de libertad no respetadas. Quienes estuvimos allí recordamos gritos, calabozos, un aborto involuntario por el estrés extremo, despedidas súbitas, riesgos de infarto.
Gonzalo Fernández Cevallos trabajaba cuidando automóviles en el sector de la Embajada de México –cerrada 8 años más tarde, el 5 de abril de 2024 tras la invasión ilegal del gobierno de Ecuador a su predio–. Además, Gonzalo trabajaba en el edificio aledaño acompañado por sus perros, Pulga, Valentina y Black. Black, su pastor alemán, acompañó a Gonzalo a solidarizarse con el campamento al jalar una toma de luz desde el edificio para que pudieran tener algo de electricidad o calentar agua. Así lo recuerda él:
A mis amigos de Cuba: En realidad fue muy triste lo que vivieron los migrantes cubanos que estuvieron en las afueras de la Embajada de México. De mi parte hice lo que pude por aquellas personas que necesitaban un poco de ayuda. Con luz, agua, por el baño que les podía prestar, casi me quedo sin trabajo. Gracias a todos los migrantes que me hicieron sentir que valgo mucho , ya que todos somos iguales. Lo triste es que Black y Valentina ya no están conmigo.
Black se convirtió en un personaje querido por el campamento y el grupo que acompañaba. Gonzalo tuvo la valentía que no tuvo ningún funcionario del gobierno en ese entonces al proporcionar electricidad y prestar solidaridad al campamento.
El Colectivo Atopia se articuló en el proceso en respuesta a la detención y expulsión del grupo cubano con abogadxs en derechos humanos e investigadorxs en temáticas migratorias por medio de la acción directa. Produjeron el trabajo Bitácora de una Expulsión (2017), una polifonía de voces migrantes, activistas y de defensa de derechos humanos. El colectivo mantuvo actividad hasta 2020 y su blog queda hoy como memoria de este proceso, la conmemoración del primer año de la expulsión y trabajo de investigación sobre migraciones. Algunxs de sus integrantes se reencuentran hoy aquí para rememorar el 2016. La determinación de Atopia en este proceso convocó a más personas que acompañaron de otros modos, desde el registro de los hechos, la escritura, la solidaridad y la protesta.
A pesar de las expresiones de racismo y xenofobia que circularon en el estado, diversos espacios y plataformas, distintas expresiones de solidaridad popular se sucedieron durante todo el proceso. En Quito solamente, vecinxs de distintos lugares se acercaron a traer comida y bebidas a las personas acampadas, tanto en las afueras de la Embajada de México como en los parques de La Carolina primero y El Arbolito después. De forma similar sucedió en los exteriores del “Hotel Carrión”. A mediados de julio, después de la deportación del último grupo, un número considerable de nacionales cubanxs emergió en Colombia, en ciudades como Urabá y Turbo, buscando llegar al Darién. Los gestos de solidaridad y refugio ofrecidos por la gente de estas ciudades eran registrados por las personas en tránsito a través de redes sociales. Las alertas emitidas por Atopia en agosto del 2016, reportes de prensa internacional y la televisión colombiana daban cuenta, a su vez, de acciones que implementó entonces el gobierno colombiano para penalizar los actos de solidaridad de los vecinos de Urabá con la gente en tránsito por la región, a la vez que la policía colombiana entregaba panfletos con el mensaje “Por un Urabá más seguro y en paz: Denuncie”.
Además de los espacios y organizaciones mencionados hasta acá, importantes expresiones de respaldo a lxs familiares y detenidxs a lo largo del proceso involucraron a diversas organizaciones y espacios de la sociedad civil, incluyendo la organización anticarcelaria Mujeres de Frente, la Maestría de Sociología de Flacso y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Andina de ese entonces. Se organizaron acciones como concentraciones frente a las audiencias judiciales, vigilias frente al centro de detención “Hotel Carrión”, recogidas de alimentos, y se amplificaron en medios alternativos las violaciones cometidas por el estado ecuatoriano.
Ahmed Correa Alvarez, investigador interdisciplinario, jurista, y graduado de FLACSO Ecuador, caribeñista que pasó mucho tiempo en este país, trabajó en el extinto Ministerio de Justicia y en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas, recuerda:
Me parece mentira que hayan pasado ya diez años. En aquel entonces me había graduado de la Flacso, trabajaba para el MINJUS en un proyecto de educación para personas privadas de libertad. Fui parte de aquel pequeño grupo que se articuló en ATOPIA para registrar, denunciar y activar herramientas legales a la mano en aquel momento. Recuerdo nuestras primeras visitas al campamento del Parque La Carolina, después del desalojo del grupo inicial el 27 de junio de la Embajada de México; la salida en peregrinación hacia El Arbolito, donde se reubicó el grupo con cerca de 300 personas; y también las noches de vigilia frente al “Hotel Carrión”, prisión de migrantes, después del operativo del 6 de julio, que terminó con la detención de alrededor de 150 personas de distintas edades. A partir de los intercambios con la policía frente al Hotel Carrión, un oficial accedió a devolver las pertenencias, que habían sido colocadas en una dependencia cerca de la Occidental, y que fueron luego transportadas a la organización Fe y Alegría: zapatos, colchones, abrigos, pasaportes, cartas y fotografías de familiares, juguetes y dibujos de niños, títulos universitarios, equipajes rebozados, monederos y billeteras, y la fotito plastificada de una virgen de muchos nombres. Hasta los exteriores de Fe y Alegría llegó días después un grupo de personas refugiadas colombianas, en su mayoría afrodescendientes. Estaban pidiendo que le dieran las pertenencias que no serían ya reclamadas. Alguien intentó sacar una foto, con espanto se cubrieron los rostros, pidieron no ser fotografiados. Según contaron llevaban pocos días en Ecuador, estaban en una situación muy precaria, necesitaban ayuda. Toda aquella imagen revelaba algo sobre la continuidad de la violencia y el idioma deshumanizante de las fronteras. Aquel día tembló la tierra en Quito. Nada de aquellos bienes eran nuestros para entregar. Esperábamos que sus dueños regresaran a reclamarlos. No sabíamos entonces que, con la deportación del último grupo y el rechazo de las acciones en la vía judicial, la mayoría abandonaría Ecuador en dirección a Colombia, y de ahí al Tampón del Darién. En aquel contexto me parecía que algo estaba terminando en Ecuador -y así lo dejaría en claro el gobierno de Lenin Moreno -, mientras algo nuevo iniciaba y se hacía explícito con la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en ese mismo 2016. En aquel momento no lo sabía, pero un año después de aquel verano dejaría Ecuador para ir primero a Cuba y después a Estados Unidos. Escribo estas notas desde la capital de California mientras escucho en las noticias del asesinato de Alexandra Bravo, la fiscal de Manta que investigaba el ataque en contra de tres embarcaciones de pescadores ecuatorianos. Si el camino y aquella virgen nos lo permite, hemos de llevar a nuestro hijo a conocer el Ecuador, y a las amigas y amigos que nos hicieron crecer y amar la vida en las faldas del Pichincha.
