Ante la normalización del asesinato masivo en Ecuador

Los asesinatos masivos en las prisiones no pueden normalizarse en nuestra sensibilidad ni en la política. La masacre acaecida en la madrugada del 13 de noviembre en la Penitenciaría del Litoral no es un hecho más: creemos que debe tratarse como parte de una exterminación sistemática. 

Históricamente se ha denominado a lugares con crímenes similares como  “cárceles de exterminio”, voluntades de genocidio o ejecuciones sumarias. Más allá de las definiciones del Derecho, queremos resaltar el sentir de las familias de las personas asesinadas y de quienes se resisten a normalizar esta violencia.  Vivimos, sin lugar a duda, en una lógica de exterminio y abandono extremo que produce muerte. La conmoción social que desborda y se extiende hace insuficiente a la palabra crisis,  cabe mejor considerarla violencia legal de estado.

El solo hecho de que esta realidad convoque las palabras exterminio, genocidio, lesa humanidad, limpieza social, nos está diciendo que no hay palabras que basten.  

El gobierno nacional dispuso el estado de excepción el 18 de septiembre por “conmoción interna” con el fin de intervenir directamente sobre la seguridad en el país. En esta nueva tragedia se observa lo opuesto, una pasividad deliberada. 

Queremos proponer dos palabras: lo “in-humano” y la “in-acción”. Lo inhumano sólo es posible, paradójicamente, por acción de otros seres humanos.  El mismo prefijo sirve para la in-acción: ausencia de movimiento, la decisión de no moverse. 

El gobierno nacional del Ecuador ha tomado la política de la inacción como posición para tratar las problemáticas de lo que llama “seguridad”. A pesar de las continuas advertencias realizadas por cientos de personas privadas de libertad y sus familias, por movimientos sociales anticarcelarios y organizaciones de defensa de derechos humanos, estas no han sido escuchadas, solo situadas en el falso diálogo, una limpieza de rostro que debe entenderse como una extensión de esa política. Son inhumanas la instalación deliberada de la confusión, el tratamiento burocrático de la vida y la estimulación de la barbarie. Lo inhumano y la inacción caracterizan las acciones de este gobierno respecto del asesinato masivo.

La violencia legal como técnica política se expande de las prisiones a la población por medio de la vigilancia de la vida pública, el castigo, la perpetuación de la pobreza, la irregularización de las personas migrantes, las prácticas de la exclusión, el racismo y otros modos de administración de la vida. Así es cómo, en su sentido más literal, el gobierno decide cómo vivimos y de qué formas podemos morir.

En la masacre de hoy, 13 de noviembre de 2021, un número importante de personas asesinadas no tenía sentencia condenatoria. Igual que en el resto de cárceles ecuatorianas, muchas personas están encerradas bajo el régimen abusivo de la prisión preventiva, quienes ostentan el estatus jurídico de inocencia. Conocemos, además, que Helen Maldonado, mujer trans*, cuyo derecho constitucional era encontrarse en un pabellón de mujeres, fue asesinada en la masacre. Así también, ha sido asesinado el defensor de las luchas de Molleturo Víctor Guaíllas. Estaba en prisión acusado de delito de “sabotaje” en el contexto de las protestas sociales de Octubre 2019. Helen y Víctor son dos de las personas asesinadas por vulneraciones previas de sus derechos humanos. 

Donald Winnicott decía que “si temes que algo suceda es porque ya sucedió”. Si bien este no es el primer hecho en lo que va del 2021, el retorno continuo de estas violencias recuerda a hechos similares acaecidos en el Ecuador. Los hechos del pasado como los del presente guardan diferencias políticas importantes, pero independientemente de las líneas políticas, las geografías y el tiempo, observamos cómo se cristaliza un modo de gobernar que guarda una evolución clara respecto a la creación de una cultura de vigilancia, miedo, pasividad y silencio. 

Queremos afirmar que esta masacre debe investigarse como crimen de Estado, pero, ¿puede hablarse de genocidio? Se entiende al genocidio como la aniquilación deliberada de un grupo humano por parte de otro grupo. La violencia en las cárceles revela, por lo menos, la trayectoria de esta forma de asesinato selectivo, donde el perpetrador se sirve de un tercero que baña sus manos de sangre.

Es un asesinato masivo dirigido a personas históricamente excluidas por su condición económica, étnica, migratoria, por su orientación o identidad de género. Considerar la responsabilidad del Estado y la dimensión del exterminio es necesario para dar un peso contundente a los hechos y a sus relaciones previas y posteriores y, más aún, para hacer frente a las dinámicas de las “democracias” contemporáneas, que instalan el silencio y el trauma colectivo como una forma de hacer política. 

Nos con-dolemos con las familias en duelo, rotas por la incertidumbre permanente. Buscamos palabras para resistir a la burocratización de la muerte y el uso del derecho que hace de la vida un problema administrativo. Demandamos desmantelar el sistema carcelario, que es un sistema de muerte. 

Condenamos que las realidades de la migración, los delitos de pobreza, el aborto, los accidentes de tránsito, sean sustraídas por la lógica carcelaria para inscribirse en sus perímetros de muerte. Otras formas de gestión de gobierno son posibles. No vamos a dejar de demandarlas y vamos a construir todos los días un tejido social anticarcelario que se oponga a la violencia legal del Estado.

No es posible vivir en sociedades del desprecio, somos capaces de construir otras, y nuevos sentidos para la justicia, para el encuentro entre diferentes, sin cárceles que instituyan nuestras relaciones. No más adioses por teléfono resignados a la muerte inminente, no más encierros mortíferos, no más cuerpos desmembrados, no más familias rotas, no más indolencia.