Ante el riesgo de quedar en la calle que enfrentan refugiados y solicitantes que fueron desplazados el pasado 4 de julio de 2019
Hoy, miércoles 10 de julio, alertamos que las 38 familias colombianas en situación de refugio que se hallan en riesgo de desalojo y grave daño a su seguridad por amenazas, continúan sin respuestas de protección integral por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Municipio de Quito, entre otros organismo estatales. El jueves 4 de julio en que fueron desalojadas de los exteriores de ACNUR y trasladadas a moteles, funcionarios de HIAS les informaron que sólo tendrían hospedaje hasta el jueves 11 de julio. Es decir, a partir de mañana estarán en la calle.
Alertamos de las consecuencias que el desalojo de los moteles puede provocar mañana en las 38 familias que se encuentran ubicadas en los mismos. Por un lado, que el dispositivo policial que acompañaría al desalojo pueda generar violencias innecesarias en una población ya de por sí vulnerable, entre la que se encuentran 46 niñas y niños de entre 8 meses y 5 años de edad; ante lo cual se debería prever protocolos de actuación para precautelar sus derechos y necesidades específicas. Por otra parte, llamamos la atención sobre la ausencia de una resolución por parte de las instituciones estatales que tienen responsabilidad sobre el tema, para garantizar espacios adecuados de hospedaje temporal digno y seguro para las familias, hasta que se pueda definir soluciones permanentes para cada núcleo familiar en función de sus circunstancias particulares, y agilice aquellos procesos aún en marcha en donde existen claras amenazas a la vida de las personas.
En este sentido, instamos a que se abran espacios de diálogo con actores estatales, organismos internacionales, organizaciones de sociedad civil y lxs líderes de las familias afectadas, a fin de escuchar sus demandas y necesidades, e identificar conjuntamente alternativas válidas de acción inmediata y respuestas de protección a mediano plazo, acordes con los principios internacionales y constitucionales que rigen los derechos de las personas refugiadas. Como parte de este diálogo, hacemos un llamado particular a que ACNUR explique claramente a las familias cuáles son los causales que han motivado la denegación del reasentamiento a terceros países, y cómo se debe proceder en estos casos para garantizar la protección de los núcleos familiares en el Ecuador, mientras se encuentra alternativas de solución duradera que no supongan como hasta el momento una vulneración a sus derechos y a su seguridad.
Seguimos vigilantes y acompañando procesos que consideramos urgentes y fundamentales para sostener la defensa y el cuidado de la vida.
Colectivo Atopia | Proyecto Corredores Migratorios
