Comunicado Estado de Excepción

El estado de excepción decretado el día 18 de octubre de 2021 por el presidente de turno de Ecuador, Guillermo Lasso, pone en riesgo a toda la población que habita en el territorio ecuatoriano, en especial a los distintos grupos en situación de vulnerabilidad. Sabemos, por ejemplo, que la población migrante, trabajadorxs informales, personas afroecuatorianas e indígenas, son constantemente criminalizadas por racismo, clasismo y xenofobia, y son el blanco de controles de seguridad y acoso constante por parte de la policía nacional, y ahora de los militares.

La crisis carcelaria en el país y los niveles de inseguridad no pueden servir de excusas para autorizar el uso de la violencia estatal. Ofrecer inmunidad y protección a los miembros de las fuerzas policiales y armadas durante el estado de excepción es respaldar la tortura, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada.

Las serias problemáticas sociales y el aumento de la inseguridad que vive el Ecuador son el resultado de una crisis económica y de la aplicación de permanentes ajustes neoliberales que han generado desempleo, incrementando el trabajo informal, disparado los niveles de pobreza y provocando un nuevo éxodo de ecuatorianos al exterior. Esto ha venido acompañado también de un aumento en los niveles de delincuencia y crimen organizado, en los que muchas veces están involucrados funcionarios públicos y miembros de las fuerzas del orden, como ha sido denunciado en diferentes instancias.

Lejos de pensar que la inseguridad se combate poniendo el ejército y la policía en las calles, el deber del gobierno es: 

-Generar políticas de empleo que garanticen los derechos de las personas y sus familias.

-Fortalecer el sistema de educación para que todas las personas que viven en el territorio tengan acceso a educación gratuita. 

-Sancionar la evasión de impuestos de las grandes corporaciones, a través de paraísos fiscales. 

El fin último del Estado es vigilar, promover y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos para todas las personas sin discriminación de raza, estatus migratorio, género, creencia, filiación política, etc. La paz solo se consigue trabajando en favor de la justicia social, disminuyendo los niveles de pobreza y marginación que sufre la gran mayoría de la población. 

Instamos a la Corte Constitucional de Ecuador para que rechace el estado de excepción impuesto por el gobierno y vigile porque se cumplan todos los derechos garantizados en nuestra constitución. Responsabilizamos al presidente Guillermo Laso y demás funcionarios de su gobierno, así como a las mandos de fuerzas armadas y policiales por toda violación a los derechos humanos que pudiese ocurrir durante el estado de excepción. 

Recordamos también que nuestra Constitución garantiza el derecho a la protesta social y que el Ecuador es signatario de acuerdos internacionales, tales como la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, lo que crea obligatoriedad y responsabilidad del Estado frente a tribunales internacionales.