Rendición de cuentas de donaciones y alerta
Ante la solidaridad de la sociedad civil organizada y no organizada, publicamos un reporte más sobre el colectivo de familias refugiadas colombianas que dan cuenta de una crisis de refugio en Quito. Hemos recogido ropa, frazadas y algunos artículos de aseo que fueron distribuidos en los albergues municipales. Las donaciones fueron fundamentales, aunque todavía insuficientes para enfrentar la crisis de refugio en Quito, que pone en riesgo la vida de estas familias y de población refugiada en general.
Alertamos lo siguiente:
1. Por disposición de la Unidad Operativa Calderón, la Policía Metropolitana ha quemado las donaciones de la sociedad civil, incautadas en el desalojo ocurrido el 4 de julio a las afueras de ACNUR. Damos fe de que estas cosas se hallaban en buen estado y no eran un riesgo para la salud pública. Al desechar estas pertenencias, el único abrigo que tenían las familias, el Municipio de Quito no se ha percatado de la solidaridad de la sociedad civil de Quito que donó colchones, ropa, maletas, zapatos, incluso peluches. A pesar de que el Municipio cuenta con una lista de firmas de las personas como respaldo de la decisión, no sabemos en qué condiciones fueron recolectadas dichas firmas, pues muchas de las familias siguen a la espera de que les sean devueltas sus pertenencias.
2. La Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia y el Consejo de Protección de Derechos del Municipio han sido las únicas instancias con empatía hacia las familias, lo que se expresó en la solución concreta de la gestión de los albergues. Esta medida, sin embargo, solo puede ser temporal, hasta que las familias vean respondida su demanda urgente de protección internacional, que deben responder ACNUR y HIAS, presentes en las mesa.
Pensamos que las mesas de diálogo deberían estar a la altura de la demanda de protección internacional y que aún necesitan revisarse. El deterioro de las relaciones entre las familias refugiadas y ACNUR requiere de atención y no se puede tratar en un periodo corto. El Municipio está actuando con agilidad, pero las partes en diálogo no están dando respuestas a las amenazas de muerte, violación y persecución que pesan sobre las familias. Se está desgastando el tiempo en el albergue como medida temporal de apoyo para sostener los diálogos.
3. Para que las mesas de diálogo funcionen, deben cambiar los términos de la conversación e ir más allá de lo económico. Éstas se han limitado a ofrecimientos económicos que van desde los $60 hasta los $220 para vivienda por parte de HIAS. Un mes de vivienda no resuelve la persecución ni las amenazas de asesinato; además, un creciente brote de xenofobía alimentando por la desinformación en sectores de la sociedad ecuatoriana no permite la integración social que HIAS les propone a las personas refugiadas, afrodescendientes en gran parte.
La mayoría de las familias tiene reconocimiento por parte del Registro Único de Víctimas de Colombia (RUV) por ser, justamente, víctimas del conflicto armado colombiano, que no ha terminado. Asimismo, cuentan con evidencia de denuncias ante Fiscalía, tanto en Colombia como en Ecuador, de amenazas de muerte, violación y persecución. Hemos visto los documentos y hemos podido constatar que por lo menos un alto porcentaje de estas familias está en riesgo.
Además, alertamos que el discurso de odio promovido por algunos sectores de la sociedad civil y del gobierno local, según el cual las familias son “narcotraficantes”, incrementa los riesgos que padecen. Este discurso, promovido en socialmente, las pone en un riesgo aún mayor. Este discurso se ha agudizado desde las semanas que acamparon en ACNUR hasta hoy. Hemos constatado también la reacción de rechazo a estas familias al ver vallada una cuadra entera que rodea a ACNUR, una frontera paradójicamente situada en una agencia que trabaja para abrir fronteras.
