En la madrugada del jueves 4 de julio de 2019, 38 familias colombianas refugiadas y solicitantes de dicha condición ante el Estado ecuatoriano fueron desalojadas de las afueras de las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugio (ACNUR), ubicadas en la Av. Whymper 28 – 39 y Av. Francisco de Orellana. Estas familias están conformadas por 126 personas: 46 niños y niñas de entre 8 meses y 5 años de edad; 80 personas adultas, incluyendo a 5 mujeres embarazadas, y un adolescente no vidente. En su mayoría, son personas desplazadas internas por el conflicto colombiano que se vieron obligadas a huir de su país.
Desde inicios del mes junio del presente año, dichas familias iniciaron una acción colectiva levantando un campamento permanente a las afueras de ACNUR como medida para demostrar su inconformidad ante las limitaciones en la protección de sus vidas e integridad, la ineficacia de las alternativas para la integración y la demora, la ausencia de claridad en la información y la falta de respuestas frente a su posible reasentamiento.
Tres días antes del suceso, la Agencia Metropolitana de Control del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito había notificado a este colectivo que, debido al mal uso de espacios públicos sin autorización, corrían el riesgo de recibir una multa. Sin embargo, la posibilidad de ser desalojados nunca fue notificada formalmente por ninguna autoridad nacional ni local.
A las 04h30 am del 4 de julio, de manera abrupta tuvo lugar el desalojo a cargo de la Policía Nacional y la Policía Metropolitana. Algunas personas fueron despojadas de sus pertenencias y luego las 38 familias fueron trasladadas en autobuses de metropolitanos a las instalaciones de esta institución, para más tarde ser reconducidas a hoteles en el norte y sur de la ciudad.
El 7 de julio, miembros del Colectivo Atopia, del proyecto Corredores Migratorios y periodistas independientes realizaron una visita de verificación al sur de Quito, en la zona donde se encuentran tres de los hoteles de acogida. Se entrevistó a 15 familias y se realizó una observación in situ pudiendo así constatar las condiciones en las que se encuentran. Las de mayor preocupación son:
- Las instalaciones ubicadas en el sur de la ciudad no son aptas para recibir a familias con niños y niñas: han comprobado que estos hoteles se usan de manera reiterada como moteles de paso y se encuentran ubicados en una zona de consumo de alcohol y drogas.
- Estos espacios no garantizan las condiciones de seguridad para su vida e integridad que requieren las personas que se encuentran bajo protección internacional.
- El ingreso de estas familias a las instalaciones habría estado sujeto a la firma de un documento con condiciones poco claras y que llaman la atención, como la renuncia a recibir la extensión de la asistencia en el hotel y no reclamar asistencia posterior. Estos acuerdos no llevan firma de responsabilidad de ACNUR, pero su logo está impreso en la página 2.
- A decir de las personas entrevistadas, el día que sucedió el desalojo, HIAS, agencia ejecutora de ACNUR, les comunicó que únicamente podrían permanecer en dichas instalaciones durante 7 días, plazo que vence el jueves 11 de julio de 2019. Ahora corren el riesgo de convertirse en personas en situación de calle.Asimismo, vía telefónica, HIAS, se habría limitado a ofrecerles un monto de dinero para cubrir un mes de arriendo, lo cual no soluciona el riesgo en que las familias se encuentran.
- El desalojo implicó la separación de estas 38 familias que han conformado la Federación Internacional de Colombianos en el Exterior (FICODEX), quienes sostenían la acción colectiva frente a ACNUR.
Varios miembros de estas 38 familias han sido amenazados de muerte desde que llegaron a Ecuador. Han afirmado que han realizado las denuncias respectivas en Fiscalía, sin respuestas eficaces para salvaguardar su seguridad e iniciar las investigaciones correspondientes. La protección de la vida e integridad de quienes se encuentran como personas refugiadas y como solicitantes de esta condición es responsabilidad del Estado ecuatoriano.
Ninguna autoridad nacional o local, representante de ACNUR u ONG se ha hecho presente para brindar información, solventar inquietudes y despejar la incertidumbre a la que están siendo expuestas a partir del desalojo.
El 6 de julio de 2016, el Estado ecuatoriano desplegó un violento y silencioso desalojo contra población cubana que terminó en la expulsión inconstitucional de 121 personas. Tres años más tarde, evidencian prácticas similares con la ejecución de operativos sorpresivos en horas de la madrugada, esta vez en contra de población colombiana refugiada.
Ante esta situación, instamos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en su calidad de rector de la política migratoria, a coordinar con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y demás ministerios del frente social, así como con el Municipio de Quito, el ACNUR, OIM, UNICEF y sus respectivas agencias ejecutoras para dar respuestas reales a la situación de estas familias.
Naturalizar la violencia silenciosa contra personas refugiadas, desplazadas, migrantes internas e internacionales no tiene cabida en un Estado social de derechos como se proclama el Ecuador, por el contrario, golpea profundamente la democracia y las bases de una sociedad justa y solidaria.
