La frontera no es sólo migración

La frontera no es sólo migración

Sobre las luchas y la solidaridad radical de Carmen Carcelén

Carmen Carcelén encarna las resistencias a las políticas de la muerte que se instalan en las fronteras desde las políticas de vida que la atraviesan. Carmen hizo de su hogar propio el hogar de miles de personas migrantes que atraviesan diariamente la frontera entre Ecuador y Colombia. Pero no sólo ellxs sobreviven a las dinámicas violentas del Estado o de mafias que existen en los pasos fronterizos. Carmen también lo hace, pues todos los días viaja a Colombia en la madrugada, alrededor de tres horas cada vez, para vender verduras y frutas en el mercado de Ipiales, ciudad colombiana fronteriza con Ecuador. Allí hace comercio largo, largo tiempo.

La frontera norte del Ecuador que une a Carchi con Nariño, como todas las fronteras, tiene una historia que no alcanza a ser contada a través de los límites estatales ni del tiempo. Esta frontera se difumina cuando pensamos en el pasado y en el presente de los pueblos que habitan estos territorios sin un límite fronterizo, o cuando vemos árboles genealógicos que no están definidos por una sola nacionalidad. Esta frontera también es atravesada por personas migrantes que se desplazan de manera forzada y de manera “voluntaria”. Es cruzada por miles de caminantes, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes venezolanxs que la cruzan y continúan caminando por las carreteras ecuatorianas hasta llegar a los que ven como sus lugares de destino.

Los caminos que conectan a Ecuador con Colombia son antiguos, así como sus historias. En ellas habitan mujeres de diferentes poblados que cruzan esta frontera para sostener económicamente sus hogares a través del comercio. Hace algunos años, eran más conocidas como “cacharreras” quienes viajan desde diferentes puntos de la provincia de Carchi e Imbabura a Nariño para comprar o vender productos. Estas varias generaciones de mujeres que se dedican a al comercio son juzgadas por contrabando si son detenidas y son permanentemente violentadas por las fuerzas policiales y la aduana. En la memoria de Carmen aparece la primera mujer asesinada en frontera por esos agentes del Estado hace aproximadamente treinta años. Su nombre era Genoveva.

La frontera no sólo es vivida como una ilegalidad que deviene en no-ciudadanía, castigo penal,  xenofobia. La frontera estatal “oficial”, ahora cerrada, supuestamente, por razones relacionadas con la pandemia, representa una política de la muerte, una necropolítica. De hecho, la misma acción estatal de mantener cerrada la frontera incrementa los riesgos para las personas que la atraviesan y además ha perjudicado a las economías locales. Por un lado, las fuerzas estatales no representan necesariamente seguridad, pueden ser perpetradoras de la violencia que producen las fronteras y que penetran en los cuerpos de las mujeres comerciantes, pues las atraviesan todo el tiempo con riesgo permanente. Ahora resulta alarmante saber que este territorio (frontera, trochas, caminos) está siendo disputado y controlado en algún sentido por grupos armados de distinta índole, no siempre bien identificables pero que sin embargo administran ese espacio y emiten leyes propias como toques de queda o restricciones.

La frontera despliega la ilegalidad deliberada que produce a través de la irregularización cuando una persona la atraviesa “sin papeles” o con un cajón de frutas para vender en el siguiente pueblo, pues esa ilegalidad habilita y legaliza la violencia, la discriminación y el encarcelamiento. A la par, la frontera representa un atravesar, un impulso vital dispuesto a enfrentarse a estas políticas y recrear formas de vida que las desafían. El cruce oficial entre Ecuador y Colombia está cerrado, por ello las trochas, los caminos vecinales históricos y los conocidos pasos irregulares se han multiplicado.

© fotografía Josep Vecino (Corredores Migratorios)

Cuentan antiguxs comerciantes de Urbina,  en la provincia fronteriza de Carchi, que antes caminaban por las trochas para vender cebada, truequear panela u otros productos de Carchi a Nariño y viceversa, sin que esto fuera criminalizado. Ahora, las trochas son caminadas por personas migrantes, por comerciantes, por familiares que visitarán a un ser querido al otro lado de la raya, por grandes contrabandistas que venderán pacas de cigarrillos sin pagar impuestos, o por mujeres que llevarán unas cuantas de esas pacas de un lado al otro. Serán sus cuerpos los que enfrenten esta ilegalidad, no las transnacionales tabacaleras, que se benefician de ese tránsito. Es decir, el contrabando de cigarrillos, por ejemplo, castiga a las comerciantes como Carmen, pero deja sin tocar las grandes economías tabacaleras.

La frontera también es atravesada por redes de microtráfico y por mujeres racializadas que transportan droga para sobrevivir: una actividad muy difícil de comprender y de no juzgar, hasta que se conocen su economía, sus prácticas, sus contradicciones. Lo que tienen en común muchas mujeres que cruzan la frontera con frutas, zapatos, esmaltes, verduras o un paquete de cocaína es que buscan alternativas para sostener a sus familias. Difícilmente han accedido a tierras o a vivienda propia, son parte de lxs “sin salario” y no han elegido lo que comercian: sus estrategias de supervivencia se dan dentro de marcos mayores de intercambio donde “elegir” cómo comerciar se vuelve imposible. Ser mujer y de bajos recursos, afrodescendiente, migrante, campesina implica que tener un trabajo y salario digno es una excepción a la regla. Por ello, estas actividades se vuelven una salida económica para ellas.

Carmen Carcelén, muy conocida por el permanente apoyo y recibimiento a familias migrantes en su hogar, es una de las comerciantes que desde hace treinta y tres años viaja todos los días a Colombia para vender verduras y frutas en el mercado de Ipiales. Su madre también sostuvo su familia a través de esta dinámica comercial: se envolvía en el cuerpo cientos de metros de tela para cruzar la frontera y poder vender los textiles que conseguía. Ambas, como casi todo el mundo, llevan en su historia familiar su historia de migración interna. A diferencia de mucha gente, Carmen la pone en valor. Afroecuatoriana, también conocida como Carmela o la madre coraje de Juncal (Valle del Chota), Carmen encarna la solidaridad radical que no regresa a ver a otro lado cuando ve a una familia migrante por una carretera: ella es capaz de ver a los ojos y acoger. Aunque existan sectores sociales y políticas públicas en Ecuador que se organizan para expulsar a la población venezolana, también existe una solidaridad radical en respuesta a las políticas de la muerte, dirían Amarela Varela y Soledad Álvarez, autoras que construyen argumentos para la justicia migrante con muchas otras personas dedicadas a la investigación comprometida con la movilidad humana.

Carmen ha recibido a miles de personas migrantes en su hogar, dicen que alrededor de veinte mil, convirtiéndolo en una casa de acogida. Al hablar de este espacio, ella no sólo se refiere a la alimentación, al hospedaje, sino que habla también del amor, del cuidado, de sanar heridas. Estas son escenas que Carmen recuerda cuando conversamos: el abrazo a una niña en su cama mientras su madre da a luz, el cuidado a  familias enteras, el recibir para sanar y curar heridas que quedan marcadas en el cuerpo. Sobre el permanente apoyo de Carmen y su familia a la población migrante, ella explica de cuando llegan: “si dicen estoy cansado, perfecto, no se porten mal, y si se quedan hay desayuno, almuerzo y merienda. Si su familia está por ahí la esperamos, ¿y con qué documentos?, con ninguno, ¿Y cómo se llama? No sé y, su familia no sé, será sacerdote o demonio no sé, porque no nos fijamos en eso. No sé si a la larga eso será malo, pero eso me ha facilitado incluso que nadie intente hacerme daño porque no califico ni clasifico, solo le doy un abrazo a cualquiera”.

Pero esta historia no define a Carmen en su totalidad, quizá pocas personas se han preguntado cómo la sostiene.

Carmen vive del comercio como lo hizo su madre y como lo hacen varias generaciones de familias, principalmente mujeres, del Valle del Chota y también de diferentes poblados de Tulcán. Para poder sobrevivir y sostener a sus familias, todos los días estas mujeres y también hombres comerciantes se enfrentan a las políticas de muerte en la frontera, como se ha descrito. Todos los días son una apuesta vital. “Los derechos humanos de quienes comerciamos son abusados, ellos son la ley. Cuando ya te pegaron, te pusieron gas en los ojos y todo, te dicen vete, vete, antes de que te meta preso. Entonces, claro, yo soy la persona que ha vivido esa situación de cerca, que no me han violado gracias a Dios en la trocha, no me han pegado todavía, pero sí he escuchado insultos, he llorado, me he puesto de rodillas suplicando por favor no me quiten esta carga, porque ustedes no tienen idea lo que significa para mí, tengo deudas, estoy sola, tengo muchos hijos”, dice Carmen.

© fotografía Josep Vecino (Corredores Migratorios)

Carmen está sola. Su esposo está en prisión desde diciembre del 2020. El castigo penal no lo recibe únicamente la persona encarcelada cuando estos hechos suceden, sino que se expande hacia toda su familia, que empobrece, desespera, enferma. Carmen sostiene su albergue independiente para personas migrantes desde 2017. Ha recibido colaboraciones materiales de ONG como kits de higiene, alimentación, entre otras, pero las mismas fueron retiradas cuando su esposo cayó preso. Ante este hecho, las deudas de Carmen se multiplicaron. No sólo sostiene a su familia, a sus hijos, sino también continúa sosteniendo el albergue y la vida de su esposo en la cárcel. Mantenerse en la cárcel tiene un precio: se debe pagar una cuota semanal y, además, costear el trabajo del abogado para su defensa. Sostener todas estas redes no sólo requiere de tiempo, amor y cuidado, sino también de dinero. El trabajo de Carmen en el mercado de Ipiales no es suficiente. Actualmente está endeudada con cinco bancos y todavía recibe mensajes y llamadas que le informan que tiene “un crédito aprobado”. En palabras de Carmen:

“El banco a mí me llama siempre…Doña Carmita, usted tiene un único crédito pre-aprobado porque es doble A. No es porque soy doble A, es porque el monopolio quiere que yo siga ahí porque tengo que estar ahí para pagar a sus empleados, tengo que estar ahí para que su banco crezca, porque el día que yo quede mal, ese día me quitan la casa y lo poco que tengo. No tienen idea de que cuando a mí me llegan 20 ó 30 dólares voy por aceite, por jamón, por pan. Entonces es una verdadera lástima que la gente se haya enfocado en pensar que estoy dotada de todo y que también gano un sueldo, incluso me han abandonado las ONG por estar preso mi marido.” 

Y si algo ha estado presente es la deuda. De hecho, es frecuente que muchas mujeres que sostienen sus hogares a través del comercio se endeuden para poder comprar la mercadería que venderán en alguna feria en Ipiales, Tulcán, Guayaquil o cualquier otra ciudad. Las deudas no son necesariamente con bancos o con cooperativas, pueden ser con “chulqueros” o, en respuesta a los intereses que estos cobran, muchas mujeres han organizado banquitos comunitarios para acceder a créditos pequeños  a fin de comprar mercadería sin esos intereses (para ampliar esto, se puede consultar el estudio de Iliana Carabalí et.al, Coordinadora Nacional de Mujeres Negras: Diagnóstico de la situación socioeconómica de las mujeres afroecuatorianas en el territorio ancestral de Imbabura y Carchi, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/17548.pdf, 2020). Como lo han venido planteando Silvia Federici, Verónica Gago o Luci Cavallero, entre otras personas dedicadas a pensar la deuda en relación con el sostenimiento de la vida, la deuda es una herramienta que explota, confisca la vitalidad social y determina el tiempo futuro.

La violencia estatal a la que están expuestas diariamente muchas mujeres cuando cruzan a comprar o vender productos se justifica a través de la categoría del “contrabando”, y recrudece cuando se trata de poblaciones racializadas, afrodescendientes, migrantes. Sobre esto, la interpelación de Carmen:

“Me pregunto si ser contrabandista es buscar el pan para tus hijos, es dejar a un niño en el hospital, abandonándole para poder migrar hasta Colombia con cinco cajas de tomate y que alguien en el camino te quite, te pegue, te insulte. ¿Eso es ser contrabandista? ¿Es ser contrabandista comprar cinco papeles higiénicos para vender en el lado ecuatoriano y que llegues allí y te peguen y te digan que eres contrabandista? Dicen: es producto de contrabando, tenemos que quitarle. ¿Qué es peor, conseguir un par de zapatos en 10 dólares en Colombia y venderlo en 15, o robar? ¿Qué es peor? Por conseguir esos zapatos en Colombia, al cruzar la frontera, la gente cae presa. ¿Qué es peor? Veo que las leyes están formadas de esa manera, no les importa ver la parte humana de la persona, no saben si dejé a mis hijos sin comida, no saben si lo que me están quitando lo conseguí con un crédito del banco y el banco me puede quitar todo lo que tengo por no pagarlo. ¿Qué es ser contrabandista, llevar un cajón de limón y esconderse en la trocha hasta que la policía se vaya? ¿Esto habilita que la policía bote al río esta mercadería?”  

La solidaridad radical se teje desde allí también y, a la par representa otras maneras de sobrevivencia que son atravesadas por políticas que criminalizan, racializan y profundizan las desigualdades. Al preguntarnos con Carmen los motivos por los cuales la mayoría de personas viven de este tipo de comercio, responde: “Somos pueblo de gente muy trabajadora, muy luchadora, pero no tenemos tierra, los jóvenes no tienen tierra, no tenemos casa, muchos hacen su hogar casi niños, de 18 o 20 años, pero no tienen fuente de trabajo”. Así, resulta vital contemplar cómo las históricas desigualdades reproducen el racismo estructural, la criminalización, y condenan estas alternativas de vida que asumen principalmente las mujeres que eran conocidas como “cacharreras”. Me pregunto, ¿cómo estas alternativas económicas se relacionan con el destierro? La desposesión es continua, sutil. La permanente criminalización, el endeudamiento y la precariedad en sí las despojan de su energía vital, del acceso a un salario mínimo, es allí donde Carmen plantea que el comercio es un trabajo digno.

La frontera no se vive únicamente en un límite territorial entre países, sino que se expande en paisajes, historias y relaciones humanas. La frontera, la aduana y la policía representan esta frontera estatal que es violencia pero que a la vez es permanentemente desafiada, interpelada por personas que todos los días atraviesan esas trochas. Mujeres que “se disfrazan” de hombres para no ser violadas; mujeres que esconden los pocos dólares que ganaron de la venta en el mercado, porque el cambio de pesos a dólares es cada día más bajo y el trabajo rinde menos; mujeres que se arrodillan ante un policía para que no bote al río sus naranjas o aguacates, para que no les quiten el tanque de gas que cargaron en su espalda por horas; la mujer que se aferra a una docena de zapatos porque con eso alimentará a sus hijos o pagará la matrícula de su escuela. Todos los pasos en cada trocha que une Ecuador con Colombia cargan esta fuerza vital a la vez que también cargan dolor y miedo.

Carmen recibe en su casa a migrantes que sobreviven estas políticas de muerte, les envuelve en su abrigo y en el sentimiento que comparten. Ella también atraviesa esa frontera y es así que se sostiene este tejido: con trabajos y afectos invisibilizados, criminalizados, pero que construyen comunidad a pesar de todo. Esto nos exige honrar a mujeres como Carmen, pues su historia nos interpela. Espero que las personas que están leyendo este texto puedan reconsiderar sus opiniones de desprecio sobre el llamado “contrabando” y sobre la migración, desafiados por las mismas historias de personas en la frontera, por impulsos vitales y complejidades que muchas veces preferimos no ver, y que por eso no comprendemos.

 

 

Ana María Morales Troya

Antropóloga feminista ecuatoriana. Co editora de Revista Amazonas.

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